Un juez de EE.UU. frena el plan para despedir a los trabajadores irregulares

Cuando no es su propio partido, son los tribunales. El caso es que el presidente George W. Bush no logra salirse con la suya para hacer frente al desafío que representan los 12 millones de inmigrantes ilegales que residen en EE.UU. El último revés vino desde San Francisco, donde un juez paralizó una iniciativa del gobierno que obligaba a los empresarios a despedir a los trabajadores indocumentados. Esta era la última de las medidas de Bush para luchar contra la inmigración ilegal, mientras la reforma del sistema migratorio sigue estancada en el Congreso, que en junio votó en contra de un paquete legislativo respaldado por Bush. Decepcionado y decidido a no resignarse, dio instrucciones al Departamento de Seguridad Interior para que hiciera algo al respecto. En agosto, anunciaba solemnemente un nuevo plan ejecutivo. El que ahora el juez federal Charles Breyer ha congelado porque, según él, los empresarios estarían obligados a despedir a todos los trabajadores cuyo nombre no correspondiera al número de Seguridad Social (equivalente al DNI español) que facilitaron para conseguir dicho empleo (una práctica común entre los sin papeles). El proceso era simple: el gobierno avisaría a los empresarios mediante una carta de que alguno de sus trabajadores no le había entregado la información correcta, dando un plazo de 90 días para aclarar la situación o ser despedido. Si no, el empresario tendría que pagar una fuerte multa. Con esta medida, la Casa Blanca buscaba luchar contra los ilegales poniendo el acento en los empresarios que los contratan. Se tenía previsto que entrara en vigor el 14 de septiembre, pero fue paralizada debido a la demanda. Para entonces, la Administración ya tenía listas 140.000 cartas para enviar. En total, hubiera afectado a ocho millones de trabajadores. Enfado por el fallo El juez Breyer dice que no se han ofrecido suficientes explicaciones legales sobre el plan ni tenido en cuenta el impacto que tendría en las pequeñas y medianas empresas, como el coste que les supondría cumplir con la nueva regulación o tener que despedir a parte de su plantilla. Por ejemplo, se estima que sólo en California, más del 70% de los trabajadores que cultivan la tierra, son ilegales. El juez indicó que de no aplicarse con las garantías adecuadas también podrían perjudicarse trabajadores legales que fueran señalados por error y no tuvieran tiempo de subsanarlo en el plazo requerido. El Departamento de Seguridad Interior no ocultó su enfado ante el fallo del juez, que tardará meses en revisar de nuevo el caso. «Seguiremos haciendo cumplir sin descanso nuestras leyes de inmigración mientras que analizamos todas nuestras opciones legales para responder a este fallo», señaló en un comunicado su responsable, Michael Chertoff. Lo más probable es que recurran la sentencia. Críticas de los republicanos También algunos republicanos, los que más han presionado para hacer frente al fenómeno de la inmigración aplicando con dureza las leyes, criticaron la decisión del magistrado. «¿Qué parte de la palabra «ilegal» no entiende el juez Breyer?», se preguntó el congresista Brian Bilbray. «Usar un número de Seguridad Social que no te corresponde es un delito», apuntó el republicano por California. Por su parte, los demandantes, el mayor sindicato del país, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Cámara de Comercio, saludaron la decisión judicial.