Diario de León

La medida tiene su origen en el lanzamiento diario de cohetes

Israel trata de asfixiar a Gaza con el corte de luz y combustible

Los cohetes han causado la muerte de una docena de israelíes en seis años

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Elías L. Benarroch - jerusalén
León

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El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, aprobó ayer un paquete de sanciones contra Gaza, considerada por Israel «entidad enemiga», que incluye cortes en el suministro de electricidad y combustible a la franja. La medida, de la que no se informó cuando entrará en vigor, es en represalia por el lanzamiento diario desde Gaza de cohetes artesanales Al Kasam contra el sur de Israel, que según la legislación internacional ocupa ese territorio palestino. Fuentes del Ministerio israelí de Defensa dijeron que Barak aprobó el paquete de «restricciones» que le propusieron los altos mandos, y que será de aplicación intermitente. Desde 2001, cuando las milicias palestinas dispararon desde Gaza el primer cohete Al Kasam, han caído en territorio israelí unos siete mil proyectiles, que eventualmente provocan daños materiales pero han causado escasas víctimas mortales. Una docena de personas han muerto por esos cohetes en seis años, las dos últimas el pasado mayo. El pasado 19 de septiembre, el Gobierno que preside el primer ministro israelí, Ehud Olmert, ya declaró Gaza «entidad hostil», en una decisión política para respaldar la imposición de las sanciones. Los asesores legales del Estado israelí explicaron entonces al Gobierno que sin esa decisión no podrían justificar medidas que afecten directamente a la población civil de un territorio. El plan se traducirá en cortes en el fluido eléctrico y de combustible a Gaza conforme se intensifique el lanzamiento de cohetes Al Kasam. También contempla la posibilidad de restringir aún más la salida de palestinos por los pasos fronterizos con Israel, una mayor supervisión bancaria y limitaciones al acceso de la franja de todo tipo de productos. La decisión fue criticada por el Gobierno de Hamás en Gaza, encabezado por el depuesto primer ministro Ismail Haniye, que la consideró «un castigo colectivo» contra el millón y medio de habitantes, que ya sufren falta de suministros de productos de primera necesidad desde que ese grupo islamista se hizo con el control del territorio.

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