Diario de León

La negociación se ve alterada por los sabotajes al tren de alta velocidad galo

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Fernando Itrribarría - parís
León

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Sabotajes en las líneas del tren de alta velocidad francés, que ocasionaron fuertes retrasos, preludiaron ayer miércoles la primera ronda de negociaciones tripartitas entre sindicatos, empresas y Estado en las compañías SNCF (ferrocarriles) y RATP (transportes de París), en huelga por octavo día consecutivo. El conflicto en defensa de los regímenes especiales de pensiones depende de las decisiones que adoptenlas asambleas generales, en las que se perfila una vuelta al trabajo, a la vista de los avances registrados en el diálogo, que puede durar alrededor de un mes. Según fuentes gubernamentales, entre las seis y diez y las seis y media de la mañana, cuando todavía no había amanecido, desconocidos irrumpieron con trapos incendiados en casetas de señalización tras forzar los vallados de seguridad. Los intrusos prendieron fuego al cableado eléctrico e inutilizaron conmutadores correspondientes a las vías del TGV (el AVE francés) que parten de París en dirección a los cuatro puntos cardinales: Este, Atlántico, Norte y Sudeste. Actos criminales En la Asamblea Nacional (cámara de los diputados) el primer ministro, François Fillon, prometió «sanciones muy severas» para los autores de lo que calificó como «actos criminales». El jefe del Gobierno subrayó en la sesión de control parlamentario que si los autores de estos sabotajes «han creído poder interrumpir así la negociación en la SNCF», esta «estrategia irresponsable hace más necesaria» aún esta concertación. La mayoría de los sindicatos convocantes de la huelga denunciaron una actuación delatora de que la movilización pierde fuerza progresivamente. A lo largo de la jornada, el índice de huelguistas descendió a sus cotas más bajas desde el inicio del conflicto: el 22,8% en la SNCF y el 16,4% en la RATP, según las direcciones de ambas empresas. El recurso a la fuerza, además, contribuye a la impopularidad de una protesta que afecta a diario a millones de trabajadores, que deben cotizar 40 años para tener derecho a cobrar una pensión de carácter completa mientras que los huelguistas sólo lo hacen una media de 37 años y medio.

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