Los líderes europeos reafirman en Lisboa su apoyo al nuevo Tratado

Los líderes de los 27 países de la Unión Europea firmaron el Tratado de Lisboa, sucesor del fracasado proyecto de Constitución, con el que pretenden agilizar el proceso de toma de decisiones tras la incorporación de doce nuevos miembros y afrontar con éxito la globalización. En un escenario histórico y majestuoso, en el claustro del Monasterio de los Jerónimos, después de los acordes del Himno a la Alegría, los jefes de Estado y de Gobierno europeos, acompañados por sus ministros de Asuntos Exteriores, rubricaron con un bolígrafo de plata el nuevo Tratado, el cuarto de que se dota la UE y al que se llega tras un largo y doloroso proceso de desencuentros. La ceremonia tuvo la ausencia notable del primer ministro británico, Gordon Brown, que firmó el Tratado más tarde después de incorporarse al almuerzo ofrecido por la Presidencia portuguesa en el Museo de Carruajes de Lisboa. Inauguró las firmas del texto el primer ministro saliente belga, Guy Verhofstadt, a quien en su país no encuentran sustituto debido a las fuertes discrepancias entre flamencos y valones. «Este Tratado responde al desafío de la mejoría de la eficacia en el proceso de decisión. El proyecto europeo se legitima por sus resultados, y sólo una Europa capaz de decidir será capaz de obtener resultados», dijo el jefe del Gobierno portugués y presidente de turno de la UE, Jose Socrates, que valora el documento firmado hoy como fundamental para el futuro de una UE más «moderna, eficaz y democrática». En el mismo sentido se pronunció el presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pottering, que considera el nuevo Tratado el paso que la UE necesita para encarar con éxito el siglo XXI. Pero el Tratado deberá pasar ahora la prueba de fuego en la que naufragó la Constitución europea, que también fue firmada en octubre de 2004 en Roma y luego no logró sobrevivir al rechazo en los referendos celebrados en 2005 en Francia y Holanda, pese a haber sido ratificada por 18 países, entre ellos España que lo hizo por referéndum. El recuerdo de ese fracaso está presente a la hora de abordar el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa, que se pretende que esté concluido a finales de 2008 para que pueda entrar en vigor en enero de 2009. La práctica totalidad de los socios de la UE parece que lo harán por tramite parlamentario, con la excepción de Irlanda que, por ley, debe someterlo a referéndum. Otros países, como Dinamarca o el Reino Unido, en los que existen presiones para la convocatoria de una consulta popular, sus dirigentes parecen descartarlo de momento. EN UNA atmósfera «bon enfant», como dicen los franceses, los líderes al completo de la Unión Europea dieron por cancelado el proceso complejo y en algunos momentos ominoso de dotar al invento de una Constitución, tan anhelada, trabajada, discutida, rechazada y finalmente enmendada. La Constitución que holandeses y franceses dinamitaron con su no en los referendos de 2005 ha sido objeto de una redimensión a la baja que tiene el mérito de reunir el mínimo común disponible en una Europa a veintisiete que podría bordear la ingobernabilidad. Mantiene la esencia del trabajo -minucioso y jurídicamente sólido del equipo Giscard d¿Estaing-, pero lo simplifica y viabiliza. Tras los meandros verbales y las necesidades rituales se oculta, taimada, la política: la Unión Europea que resulta es, sencillamente, la que puede ser, pero queda muy lejos de lo que, con seguridad, idearon sus fundadores tras la II Guerra Mundial. Los mecanismos para salvaguardar lo que es de hecho el poder de decisión de cada Estado en cuestiones clave son la base de esta afirmación. Así, seguirá siendo necesaria la unanimidad en cuestiones de defensa, fiscalidad y seguridad social es decir, en las opciones políticas sobre alianzas militares y modelo social (el Reino Unido, que ha recibido siempre completa satisfacción al respecto, jamás aceptará que se cuestione su estrecha alianza con los Estados Unidos o que alguien le dicte sus impuestos). Asimismo, la 'doble mayoría' (55 por ciento de los Estados y 65 por ciento de la población) se exigirá para la adopción de otras muchas decisiones. Lo sucedido confirma que la UE es, y seguirá siendo, un fantástico y dinámico espacio económico y un mercado único, hasta el punto de que su éxito principal es la creación y consolidación del euro (que los británicos tampoco aceptan, enamorados como están de su esterlina), cuya fortaleza frente al dólar es el orgullo de los europeos. Sin embargo, el nuevo Tratado Constitucional, muestra sus limitaciones: el peso de las tradiciones nacionales, la agenda de cada país en su vecindad histórica y el gusto popular al respecto, han hecho imposible crear una superpotencia política, tarea que, por lo demás, se hizo inviable con la ampliación desconsiderada desde los quince a los veintisiete. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, fueron los encargados de firmar el nuevo Tratado en el monasterio lisboeta de los Jerónimos, donde los 27 países miembros participaron en una ceremonia oficial presidida por el primer ministro portugués, José Sócrates. Para la delegación española, junto a los avances en política exterior y de defensa, uno de los principales logros del Tratado de Lisboa es que pasan de 36 a 87 las materias que se decidirán por mayoría cualificada y no por unanimidad, lo que reduce la posibilidad de vetos en áreas fundamentales para España como las de justicia, interior e inmigración.