El juez absuelve al único acusado por el atentado que costó 29 muertos en Omagh

Sean Hoey, el único acusado por la mayor atrocidad cometida en el conflicto de Irlanda del Norte- la bomba que el 15 de agosto mató en Omagh a 29 personas, incluidos los españoles Fernando Blasco, de 12 años, y Rocío Abad, de 23- fue absuelto ayer por un tribunal de Belfast de todos los cargos en su contra. Durante 56 vistas a lo largo de diez meses, un juez- no hay jurado en casos de terrorismo en Irlanda del Norte- ha estudiado las pruebas presentadas por la Fiscalía de la Corona contra Hoey, de 37 años, contra el que se presentaron 56 cargos. El atentado, mediante la explosión de un coche bomba en la calle mayor de la localidad norirlandesa, en un día festivo y de mercado, que atrajo entre otros a una excursión de niños españoles que estudiaban inglés en una localidad vecina de la República de Irlanda, Buncrana, fue reivindicado por el IRA Auténtico. El grupo se acababa de formar, como una escisión del IRA de Gerry Adams, porque sus promotores no estaban de acuerdo con el proceso de paz. Habían intentado perpetrar otros atentados con coches bomba, pero la policía había sido eficaz en evitar las explosiones. Pruebas Pero no lo fue en la persecución de los autores de la masacre. Hoey se sentó en el banquillo de acusados, nueve años después del atentado, y los cargos contra él se basaban en una investigación de alta tecnología. Los temporizadores de las bombas que había plantado el IRA Auténtico, incluída la de Omagh, eran muy similares. Podrían ser obra de la misma persona. Fibras obtenidas en una caravana que Hoey utilizaba, junto a su casa, estaban asociadas a otras fibras obtenidas en las bombas. Y una nueva técnica de ADN- de baja copia, que permite la extracción de datos en base a muestras muy pequeñas- asociaba también a Hoey. Así se completaba el triángulo de pruebas que presentaban al acusado como el fabricante de los temporizadores de las bombas del IRA Auténtico. Pero, el miércoles, un pormenorizado análisis de las pruebas por el juez Reggie Weir, concluyó que en ninguno de los tres casos se ofrecen conclusiones que demuestren la culpabilidad del acusado. El juez afirma que no es seguro que los temporizadores fuesen fabricados por la misma persona. Pudieron hacerse siguiendo instrucciones comunes y contenían materiales que no eran singulares. Las fibras en la caravana pudieron estar allí antes de que Hoey la comprase, cinco años después del atentado, y tampoco ofrecen una conexión irrefutable con el acusado. Informe Weir es particularmente duro con las pruebas de ADN. Los procedimientos para guardar las pruebas en los depósitos de la policía o del laboratorio forense no fueron rigurosos. Las pruebas pudieron ser contaminadas y, además, se convirtieran en pieza de la acusación en un ejercicio no de acaparar inteligencia sino ya destinado a la inculpación de Hoey. Weir concluye que «la justicia, de acuerdo con la ley, exige pruebas adecuadas». Y prosigue: «Eso no significa pruebas que pueden ser verdaderas o que, en un grado considerable, pueden ser verdaderas, sino pruebas que son tan convincentes sobre su verdad y tan claramente fiables que alcanzan un nivel de prueba más allá de la duda razonable». El juez enviará un informe crítico con la investigación policial a la oficina del Ombudsman de la Policía, que, ya en 2001, emitió un informe en el que señalaba a fallos de coordinación de los responsables de inteligencia y de gestión de infiltrados en el grupo- en el norte y en el sur de Irlanda- como una de la razones por las que que la bomba explotó.