España se opone a la independencia y la Unión Europea funda Kosovo

La Unión Europea acogió ayer la declaración de independencia de Kosovo sin emoción ni entusiasmo alguno, dando muestras de una división atemperada en su seno sobre el camino a seguir ante la nueva realidad política. Después de una mañana de deliberaciones, los ministros de Exteriores de los 27 evacuaron una Declaración sobre el tema que, como tal, carece de valor jurídico, en la que se toma nota de la proclamación de independencia efectuada por la Asamblea kosovar, y se reafirman los compromisos europeos con la estabilidad en la zona, especialmente a través de la misión policial y judicial puesta en marcha el sábado de madrugada por la UE, en el marco de la Política de Defensa, que ha recibido la denominación EULEX. La Declaración, que reconoce el futuro europeo de los Balcanes Occidentales, encomienda a la Comisión europea que busque la manera de «promover el desarrollo político y económico» de la región en su conjunto, mediante «instrumentos comunitarios», aunque sin mencionar específicamente a Kosovo, al que las necesidades, sin embargo, le brotan por los poros: un salario medio 10 veces menor que la media comunitaria y una economía que apenas alcanza a la de un distrito de nivel medio-bajo de París, con una población de menos de dos millones de habitantes, donde un tercio de los hogares carecen de agua corriente y el paro alcanza a una de cada dos personas en edad de trabajar, en un entorno de corrupción generalizada y dominio de las mafias. La postura española España acudió a la reunión del Consejo con aprensiones específicas. De entrada, y para marcar -por primera vez en todos estos años-, posición clara al respecto, el titular de la cartera de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, manifestó al llegar al edificio del Consejo la disconformidad del gobierno de Zapatero con la declaración de independencia. «El Gobierno español no va a reconocer el acto unilateral proclamado el domingo por la asamblea kosovar y no lo va a reconocer porque no consideramos que respete la legalidad internacional», dijo el ministro, para recalcar después que «el Gobierno español siempre ha defendido la legalidad internacional. Fue así cuando decidió retirar sus tropas de Irak y lo defiende ahora cuando se trata de una secesión de Estado». España buscaba ayer en el consejo de Ministros una ratificación del derecho internacional (del vulnerado en el caso kosovar), y un reconocimiento de sus socios comunitarios de que lo sucedido con la provincia secesionista serbia es excepcional. Lo logró porque la Declaración aprobada afirma que Kosovo «constituye un caso sui generis que no establece precedente alguno» y porque «la UE reitera sus compromisos con los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Acta Final de Helsinki (entre otros el principio de integridad territorial), y todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas». El ministro español se daba por satisfecho con estas referencias de la Declaración europea. Aparentemente no tomaba en consideración que Serbia, en tanto que depositaria de las responsabilidades internacionales de la ex Yugoslavia, es la titular de derecho internacional que tiene suscrita la Carta de la ONU.