Las autoridades tibetanas cifran en más de mil los detenidos en las manifestaciones El titular de medioambiente italiano investigado por presunta corrupción
Las autoridades del Tíbet informaron por primera vez de que el número de detenidos en los disturbios registrados en Lhasa a mediados de marzo asciende a más de 1.000 personas, sobre las que afirman que fueron
o se entregaron voluntariamente. Según las declaraciones de Wang Xiangming, subsecretario del Partido Comunista en Lhasa, recogidas hoy por el diario
, 800 personas fueron arrestadas durante los días de mayor violencia, el 14 y 15 de marzo. Los otros 280 detenidos se entregaron voluntariamente antes del periodo de gracia promulgado por las autoridades chinas que finalizó el 17 de marzo, añadió el funcionario. Los disturbios, los peores registrados en el Tíbet en 20 años y en los que según las autoridades murieron 19 civiles, la mayoría de etnia Han, a manos de tibetanos, han puesto de nuevo en el punto de mira a Pekín en cuestión de derechos humanos a cinco meses de la celebración de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, los grupos tibetanos en el exilio señalan por su parte que la cifra de muertos real asciende a 140, de ellos al menos 13 personas fallecidas por los disparos de las fuerzas de seguridad chinas contra los manifestantes, según la organización Free Tibet Campaign. Wang añadió que los detenidos serán juzgados antes del 1 de mayo, con una premura que la prensa independiente interpreta como una prueba de la voluntad de Pekín de dar por zanjado el problema antes de la celebración de los Juegos el 8 de agosto. Según la versión oficial, civiles y monjes budistas de la minoría tibetana atacaron a civiles de la etnia mayoritaria china Han y sus negocios, en una revuelta instigada por el Dalai Lama, el líder espiritual en el exilio al que acusan de promover la independencia El ministro italiano en funciones de Medioambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, está siendo investigado por corrupción al haber presuntamente aceptado viajes y alojamientos en hoteles a cambio de concesiones y otros favores a diversos empresarios. La investigación, a cargo del fiscal de Potenza (sur), Henry John Woodcock, contempla además el delito de asociación de delincuentes contra la administración pública. Junto a Pecoraro Scanio, líder del partido los
, también figuran como investigados funcionarios del ministerio y algunos empresarios. Pecoraro Scanio se mostró
y señaló, que
, a la vez que ofreció
su colaboración a la fiscalía para que
. Según
la Repubblic a, que cita la investigación, el ministro se habría hecho pagar vacaciones en el extranjero y estancias en hoteles de lujo. Los gastos habrían corrido a cargo de algunos empresarios que querían ocuparse de la gestión de residuos en Campaña