Uribe extradita a catorce paramilitares reclamados por EE.UU. por narcotráfico

El gobierno de Álvaro Uribe ordenó ayer la extradición masiva a Estados Unidos de 14 jefes paramilitares que se acogieron a la desmovilización pero que, según informó el ministro del Interior, Carlos Holguín, pretendieron tomarles el pelo y volvieron a delinquir. Entre ellos, calificados por las autoridades como «narcos pura sangre», destacan Salvatore Mancuso, el heredero político y rival de Carlos Castaño, Rodrigo Tovar (alias Jorge 40), Francisco Javier Zuloaga (alias Gordolindo), Diego Fernando Murillo (alias Don Berna), los jefes más destacados y violentos de esos escuadrones de la muerte a los que se acusa de cientos de asesinatos y tráfico de drogas, en los años 90 y hasta su desmovilización a partir del 2003. Uribe no se anduvo por las ramas. Si el pasado 7 de mayo sorprendió al permitir la primera extradición de un líder paramilitar, Carlos Mario Jiménez «Macaco», la madrugada del martes entregó, también por sorpresa, a los líderes de la extrema derecha a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). El gobierno tiene «la certeza de que (los paramilitares) estaban delinquiendo o reorganizando estructuras delincuenciales» desde la prisión, dijo Holguín. Hasta este mes, el mandatario colombiano -a quien la oposición tacha de protector de paramilitares- se negó a acceder a las solicitudes de extradición formuladas por el ejecutivo de Washington, su más estrecho aliado. Tres son las razones esgrimidas por Uribe para que sean juzgados en EE.UU. por narcotraficantes: que han confesado a cuentagotas sus crímenes y han mentido en los interrogatorios, que sólo entregaron una parte mínima de sus verdaderas fortunas para compensar a las víctimas y que han seguido delinquiendo desde sus sitios de reclusión. Los «paras» fueron trasladados desde las prisiones donde cumplían las leves condenas contempladas en la Ley de Justicia y Paz, -máximo de 8 años- por haberse comprometido a deponer las armas y no volver a quebrantar la ley, hasta el aeropuerto de Catam. Volaron hacia territorio estadounidense donde quedarán recluidos en penitenciarías de Miami, Washington y Nueva York. Sin embargo, estas extradiciones molestaron a organizaciones que apoyan a las familias de las víctimas. Creen que los «paras» verían reducidas sus condenas por narcotráfico si colaboran con la justicia estadounidense y se librarían de ser juzgados por delitos mucho más graves como autores de las matanzas de campesinos. Claudia López, investigadora sobre el paramilitarismo en la política, afirmó que los casos de parapolítica se acabaron ahora porque «se llevaron a todos los testigos». Iván Cepeda, del grupo no gubernamental Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, dijo que los extraditados eran «muy incómodos para muchos políticos en Colombia...». El escándalo de los vínculos de congresistas con paramilitares sacude Colombia desde el 2007, y ha llevado hasta este momento tras las rejas a 31 parlamentarios y otros 30 están siendo investigados.