Los gobiernos de los 27 socios de la Unión Europea dieron este jueves su visto bueno a las bases de lo que, a corto plazo, debería traducirse en una gigantesca operación de extirpación de inmigrantes ilegales,12 millones en la UE según estimaciones conservadoras, de aquellos entornos en los que hayan conseguido anidar: a los niños, de los colegios en los que estén escolarizados; a los trabajadores del turco de la esquina que sirven fruta a sus clientes; a los hombres y mujeres que limpian las casas de los europeos o atiendan a los más ancianos cobrando en negro y sin derechos laborales. Todos ellos, todos 'sin papeles' van a verse sometidos a condiciones armonizadas de trato en la Europa comunitaria, que se traducirán en periodos de detención de 6 meses prorrogables a 18 en casos especiales (delincuentes, violentos) cuando sean localizados, y el reenvío a sus países de origen si, vencidos los plazos, los sujetos aprehendidos en condición irregular no son regularizados. Es lo que se conoce por
, una pieza clave de la futura política de inmigración común europea, a la que los socios de la UE dieron ayer tarde su visto bueno en una reunión del Comité de Representantes Permanentes de la UE. Era un acuerdo esperado. Los gobiernos europeos están sometidos a una fuerte presión de sus opiniones públicas, inquietas por el fenómeno de la inmigración, aunque el problema esté siendo groseramente instrumentalizado por determinadas formaciones políticas. La Directiva de Retorno no está concebida para tratar el problema de los inmigrantes que llegan en pateras a Canarias, Andalucía, Malta o Brindisi; tampoco para los ilegales que aterrizan en los aeropuertos de la UE sin los papeles en regla. Unos y otros, las más de las veces, son controlados por las fuerzas de seguridad y repatriados al cabo de un tiempo. El texto ayer aprobado por los Estados miembros en Coreper, que deberá ser ratificado por los ministros de Interior y Justicia a comienzos del mes que viene, en Luxemburgo, se orienta a los que ya han entrado, a los que están instalados mal que bien en la Europa comunitaria. Todavía no se sabe cómo -porque el proyecto de Directiva no lo dice- pero ineluctablemente si los socios de la UE no quieren que los propósitos que animan sus actos queden en papel mojado, los textos ayer deberían conducir a disposiciones de orden interior para las fuerzas de seguridad que les permitan aprehender a inmigrantes ilegales en las calles, en sus centros de trabajo o en las escuelas (la escolarización no sería, como hasta ahora, eximente para la expulsión), confinarlos en centros específicos por, al menos, 6 meses, y luego deportarlos. O regularizarlos. Unos y otros, las más de las veces, son controlados por las fuerzas de seguridad y repatriados al cabo de un tiempo. El texto ayer aprobado por los Estados miembros en Coreper, que deberá ser ratificado por los ministros de Interior y Justicia a comienzos del mes que viene, en Luxemburgo, se orienta a los que ya han entrado, a los que están instalados mal que bien en la Europa comunitaria.