Los presos de Guantánamo podrán acudir a los tribunales de EE.UU.

Una vez más, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinaba ayer que los detenidos extranjeros en la prisión de Guantánamo, Cuba, tienen el derecho constitucional de poder cuestionar sus detenciones en los tribunales civiles norteamericanos, algo que podría retrasar aún más los procesos por crímenes de guerra que se llevan a cabo en la base militar. En su tercer revés contra la política del gobierno de George Bush, los miembros del máximo órgano judicial de EE.UUU acordaron, por cinco votos a favor y cuatro en contra, que la administración Bush está violando los derechos de aquellas personas que han sido detenidas de forma indefinida y sin cargos aparentes en la prisión norteamericana en Cuba. Así, el Supremo contradice una decisión de un juzgado federal de apelación, que había confirmado la legitimidad de una ley del Congreso que, en 2006, definió las modalidades de los juicios militares. El juez Anthony Kennedy determinó que «las leyes y la Constitución están diseñadas para sobrevivir y continuar en vigencia en épocas extraordinarias». Además aseguró que no sólo los detenidos tienen una serie de derechos constitucionales, sino que el sistema que el gobierno creó para probar su culpabilidad como terroristas es inadecuado. Con este panorama, la resolución ofrece a los detenidos la posibilidad de ignorar el controvertido sistema de justicia alternativo establecido por el Gobierno en Guantánamo y apelar su caso frente a un tribunal federal, donde un juez evaluará las razones para su encarcelamiento En el pasado, dicho Tribunal había obligado al Gobierno a crear un sistema que revisase la situación de los detenidos, caso por caso. Por esta razón, la administración Bush formó los conocidos como «tribunales de revisión del estatus de los combatientes», una serie de juntas militares que para el Supremo «no suponen un organismo justo que evite el encarcelamiento de inocentes». De hecho, bajo este sistema, los prisioneros no tienen derecho a disponer de un abogado, no pueden acceder a información secreta y se admiten como pruebas confesiones obtenidas bajo tortura. El teniente coronel de la Reserva Stephen Abraham, un ex miembro de una de esas juntas, realizó hace aproximadamente un año una declaración jurada en la que explicaba que dichos procedimientos eran «poco más que una validación de las determinaciones previas» hechas por el Pentágono. Cabe recordar que el Supremo ya ha fallado en contra del Gobierno en dos ocasiones anteriores,