Los Veintisiete defienden el Tratado de Lisboapero sin asegurar el éxito

La Unión Europea concluyó ayer su cumbre de verano en medio de un pésimo clima, con una línea de pensamiento clara y dominante sobre la necesaria estabilidad institucional de Europa en torno al Tratado de Lisboa, y una enorme cacofonía alrededor, resultante de tomas públicas de posición de diferentes líderes comunitarios sobre el problema, sus circunstancias y sus consecuencias. La cumbre, tal y como estaba previsto, determinó que el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa tiene que seguir adelante en los Estados miembros que aún lo tienen pendiente. Por cierto que en Londres, un juez exigió del Gobierno, en el ejercicio de sus atribuciones, que no culmine el proceso de ratificación hasta tanto no haya él resuelto el recurso de un ciudadano británico que, también en el ejercicio de sus derechos, reclama la celebración de un referéndum para aprobación del Tratado de Lisboa. El Consejo Europeo se alineó con los ritmos irlandeses expuestos la víspera por el primer ministro Brian Cowen, y convino en volver sobre el tema del Tratado durante la próxima cumbre de otoño, en octubre. Para entonces, Dublín habrá concatado de Lisboa), y con un número diferente de parlamentarios, además. Irlanda, de hacerlo, deberá ratificar el Tratado con tiempo suficiente para os diferentes Estados miembros tengan a punto las herramientas para los comicios, y eso no se hace de un día para otro. La República Checa obtuvo también un gesto del Consejo Europeo. Una nota a pié de página en las Conclusiones de la cumbre admite que «la República Checa no puede completar su proceso de ratificación hasta que el Tribunal Constitucional emita una opinión positiva sobre la adecuación del Tratado de Lisboa al orden constitucional checo». La nota en cuestión parece una obviedad: si un juez en el Reino Unido tiene que fallar sobre el derecho de un ciudadano británico a demandar un referéndum, no parece descabellado que el Consejo Europeo reconozca que el dictamen de un Tribunal Constitucional de un Estado miembro es previo a la aceptación de un Tratado.