El Gobierno argentino capitula y retira la polémica ley que le enfrentó al campo

El gobierno argentino anunció ayer la suspensión de un polémico decreto que subía los impuestos a las exportaciones de granos y que había desatado una crisis entre el Ejecutivo y el sector agrario. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, después de la polémica desatada por el rechazo del Senado a esa medida, con el voto decisivo del vicepresidente, Julio Cobos. La subida de impuestos a la exportación de granos fue decretada por el Gobierno en marzo, lo que desencadenó una ola de movilizaciones y protestas del sector agropecuario que provocaron pérdidas millonarias y un severo desgaste de la presidenta Cristiva Fernández. La medida, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el próximo lunes, establece que el nivel de impuestos para las exportaciones de soja, trigo, maíz y girasol se retrotraiga a los niveles establecidos en noviembre último. Por lo tanto, en lugar de las retenciones progresivas que regían desde marzo, para las exportaciones de soja volverá a aplicarse un impuesto fijo del 35 por ciento, del 28 en el caso del trigo, del 25 en el del maíz y del 23 por ciento para las de girasol. El primer artículo del decreto que leyó ante periodistas el jefe de Gabinete en la Casa de Gobierno instruye al ministro de Economía, Carlos Fernández, «para que limite la vigencia de resoluciones» que a partir de marzo modificaron el esquema impositivo. El texto de la medida, que lleva la firma de la jefa del Estado, defiende la decisión del Ejecutivo de aplicar el plan de retenciones que rechazó el Senado y cuestiona las protestas que llevaron a cabo las entidades agrícolas a partir de su puesta en marcha. En este sentido, señala que la medida adoptada mediante el «uso legítimo de facultades constitucionales y legales fue el pretexto para un violento lock out que dio inicio una escalada de cortes de rutas, desabastecimiento y agresiones». Por su parte, los dirigentes del sector agrario consideraron ayer que la derogación de los nuevos impuestos a la exportación de granos por parte del gobierno pone «fin al conflicto», pero advirtieron que quedan reclamaciones sin respuesta. El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, declaró que la decisión del Ejecutivo de derogar el polémico decreto que en marzo estableció un nuevo sistema impositivo para el sector agrario, que provocó una ola de protestas, pone fin al conflicto. «Permite pensar en un proyecto superador para recuperar el tiempo perdido» durante el conflicto, que desencadenó una ola de movilizaciones y protestas del sector agropecuario que dejaron pérdidas millonarias, enfatizó Miguens. De todas formas, el dirigente aclaró que aún queda por «abordar una extensa agenda» con reivindicaciones de los agricultores para alcanzar beneficios «en el sector ganadero, lechero, las economías regionales y la agricultura».