El ex-chófer de Bin Laden se declara inocente en el juicio en Guantánamo

Salim Hamdan, ex conductor de Osama bin Laden en Afganistán, se declaró ayer «no culpable» de los cargos de terrorismo por los que se le juzga en un tribunal militar especial en la base estadounidense de Guantánamo. Hamdan está acusado de conspiración y el suministro de material de apoyo a terroristas, cargos por los que podría ser sentenciado a cadena perpetua. El yemení es el primer prisionero de la base de Guantánamo que es juzgado en los polémicos tribunales militares establecidos por el Gobierno de George W. Bush tras los atentados del 11 de Septiembre. Además, también será el primer acusado de crímenes de guerra ante un tribunal de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. El juicio, que se espera que dure tres o cuatro semanas, contará con testimonios de más de una veintena de testigos. El tribunal estará compuesto por cinco miembros elegidos entre una selección de 13 oficiales estadounidenses y el veredicto se decidirá por mayoría de dos tercios. Hamdan, que recibía un salario de 200 dólares como chófer de Bin Laden, fue capturado por el Ejército afgano en noviembre de 2001 y entregado luego al Ejército estadounidense. En mayo de 2002, fue llevado a Guantánamo y poco después se convirtió en uno de los primeros prisioneros en enfrentar acusaciones de crímenes de guerra. Los abogados defensores alegan que no era más que un simple empleado de la flota de coches que tenía Bin Laden y aunque se consideró que sus abogados pudieran llegar a un acuerdo para que se declarara culpable y reducir la pena, finalmente no fue así. Hasta ahora el australiano David Hicks ha sido la única persona condenada en estos tribunales antiterroristas. No obstante, este será el primer juicio que se celebre en Guantánamo, ya que Hicks se declaró culpable de dar apoyo al terrorismo a cambio de una pena de tan sólo nueve meses de prisión y no llegó al tribunal. Los abogados de Hamdan habían pedido que se suspendiera el juicio amparándose en una decisión del Tribunal Supremo, que admitió el pasado junio que los presuntos terroristas considerados «combatientes enemigos ilegales» por el Gobierno tienen derecho a cuestionar ante los tribunales de EE.UU. la legalidad de su detención. Sin embargo, el juez federal que estudiaba la petición no encontró motivos suficientes para parar el proceso y la semana pasada autorizó que comenzara el juicio militar.