Diario de León

Los inmigrantes cualificados accederán a sectores con déficit de personal

La tarjeta azul de la UE fija un mínimo de 33.000 euros anuales

Los ministros logran cerrar un pacto que impide las regularizaciones masivas

La ministra danesa de Integración, con el ministro alemán de Interior

La ministra danesa de Integración, con el ministro alemán de Interior

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Fernando Pescador - bruselas
León

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Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) alcanzaron ayer un principio de acuerdo para instaurar en Europa una «tarjeta azul», que facilite la instalación en los Estados miembros a trabajadores de terceros países con un nivel de cualificación alto. Se trata de una iniciativa propuesta por la Comisión europea en octubre del 2007 que pretende dar réplica a la «carta verde» instaurada por Estados Unidos para estos mismos objetivos. La idea original era armonizar las condiciones laborales y remunerativas de esta categoría de trabajadores, para atraerlos a la UE y hacer frente a la penuria de medios humanos que se registra en algunos sectores. Los acuerdos ministeriales establecen que podrán acogerse a la «tarjeta azul» aquellos trabajadores extranjeros que perciban 1,5 veces el salario medio del país en el que hayan sido contratados, lo que en el caso de España se corresponden con unos ingresos brutos de 33.000 euros al año. En aquellos sectores más demandantes de mano de obra cualificada, el salario a retener para satisfacer los requerimientos de la «tarjeta azul» se reducirá al 120% del medio. Además, se requerirán al menos tres años de formación universitaria para los candidatos a esta nueva catalogación laboral. Las «tarjetas azules» tendrán una duración máxima de 4 años. Quienes las detenten tendrán derecho a las mismas condiciones sociolaborales que los residentes, y a facilidades para el acceso al mercado de trabajo de sus parejas. Tras 18 meses de estancia en un país de la UE, el trabajador podrá desplazarse a otro Estado miembro, con las mismas condiciones que las que le habían sido otorgadas en el primer país europeo de residencia. La presidencia francesa pretende que el acuerdo de ayer sea formalizado en noviembre.

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