Los tribunales decidirán el futuro de la comuna de Christiania en Copenhague

La Audiencia Nacional del Este de Dinamarca inició ayer el juicio que deberá determinar si las cerca de 800 personas que residen en el «Estado libre» de Christiania tienen derecho a vivir en este asentamiento nacido hace 37 años en Copenhague y gobernado como una comuna de inspiración anarquista. El punto central es la reforma de la «Ley de Christiania» aprobada por el Gobierno en 2004, que rescindió el derecho colectivo de usufructo de los «christianitas» a vivir en estos antiguos barracones propiedad del Ministerio de Defensa que había sido reconocido parcialmente por el Estado en la década de 1980. Los habitantes de Christiania consideran que ese derecho no se puede rescindir por los compromisos sobre su irrevocabilidad dados por los distintos gobiernos, y por eso han demandado a la Agencia de la Propiedad Estatal, responsable desde 2004 de la zona. El Gobierno niega tal extremo y querer acabar con Christiania: su objetivo es cambiar su forma de organización, establecer contratos de propiedad individuales y ampliar la superficie edificable de este área de 34 hectáreas en el centro de Copenhague. Pero ese cambio sería su fin, según su abogado, Knud Foldschack, ya que toda la estructura descansa en el derecho colectivo, la ausencia de propiedad privada y la democracia de consenso. «Quince gobiernos y 11 ministros de Defensa han aceptado por la existencia de Christiania. Ha habido más de 10 interpelaciones sobre la cuestión en el Parlamento a lo largo de los años, donde se ha confirmado el derecho de usufructo de forma estable», dice. El juicio es el colofón a 4 años de negociaciones frustradas entre Estado y Christiania, que se han intercambiado infinidad de propuestas pero han sido incapaces de ponerse de acuerdo, pese a que la fundación Realdania aceptó comprar toda la superficie edificable y respetar el carácter de «experimento social» del asentamiento. En la base del desacuerdo subyace una cuestión ideológica: el Estado no acepta el derecho de usufructo colectivo, que Christiania controle la ampliación ni siga funcionando de forma asamblearia. Los «christianitas» pagan a la caja común de la «ciudad libre», como se la conoce, una cuota por el usufructo, aparte de abonar al ayuntamiento los servicios de luz, alumbrado y recogida de basuras. Desde que un grupo de jóvenes, en plena explosión del espíritu de «mayo del 68», rompió las vallas de estas instalaciones abandonadas para crear una comuna autónoma, su historia ha estado marcada por su relación cambiante con las autoridades, oscilando entre la confrontación, el consentimiento implícito o el reconocimiento. Christiania perdió un caso en los tribunales en 1978, 3 años después de aprobarse su desalojo, pero en 1982 se les permitió vivir allí indefinidamente. En 1989 se aprobó la «ley Christiania», que aceptó conservar el asentamiento, supeditado a una futura legalización.