La declaración aprobada sólo lo admite en un anexo firmado por 25 países, entre los que está España
El Foro de Estambul no reconoce el acceso al agua como derecho humano
El Foro Mundial del Agua concluye dejando patente la división entre países ricos y pobres
La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, intervino en el foro el pasado
estambul
El Foro Mundial del Agua (FMA) concluyó ayer en Estambul, dejando patente la división entre los Estados más ricos y con mayor pobreza a la hora de comprometerse a garantizar el acceso al agua como un derecho esencial de todo ser humano.
Durante toda la semana, unos 25.000 participantes -”entre líderes políticos, expertos, empresas y oenegés-” debatieron las cuestiones más candentes en torno a este recurso, como las sequías, el reciclaje de las aguas residuales, el reparto o la gestión del preciado líquido.
Al mismo tiempo, oenegés y asociaciones críticas con el hecho de que el foro sea organizado por el Consejo Mundial del Agua (CMA), una institución de carácter privado, se dieron cita en diversas actividades paralelas de protesta, de las que algunas fueron reprimidas por la Policía.
Al menos diecisiete activistas turcos fueron detenidos en la protesta del primer día y dos miembros de la oenegé International Rivers fueron deportadas por el Gobierno turco por desplegar una pancarta durante el acto inaugural en la que se leía: «No a los embalses peligrosos».
Los Estados firmantes advierten de la «necesidad de conseguir seguridad en el (sector) del agua» en un «mundo (que) se enfrenta a cambios globales rápidos y sin precedentes», incluidos el crecimiento de la población, las migraciones, la urbanización, el cambio climático y la desertificación, entre otros.
En la Declaración Ministerial de Estambul no se llegó a decretar el agua un derecho humano, como exigían los movimientos sociales y ecologistas y varios países latinoamericanos.
Finalmente, un grupo de veinticinco países críticos, entre los que está España decidió suscribir una declaración alternativa en la que, como primer punto, se reconoce «el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano» y los firmantes se comprometen «a realizar las acciones necesarias para la implementación progresiva de este derecho».