EE.UU. pretende reactivar las comisiones militares para garantizar la protección a los encarcelados
Obama estudia juzgar con el sistema de Bush a presos de Guantánamo
La medida fue rechazada por el presidente cuando era senador al considerarla un fracaso
Barack Obama se enfrenta a las posibles críticas de parte de su Gobierno si la medida sigue adelante
efe | washington
La Administración del presidente de EE.UU., Barack Obama, podría reactivar las criticadas comisiones militares creadas por el Gobierno de George W. Bush para juzgar a sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo, informó ayer el New York Times .
Funcionarios citados por el diario afirman que el primer paso del Gobierno de EE.UU. en esa dirección podría producirse tan pronto como la próxima semana, probablemente mediante la difusión de nuevas directrices a los jueces militares de la base naval de Guantánamo en Cuba para garantizar más protecciones legales a los detenidos.
El New York Times señala que resucitar las comisiones militares generaría una gran polémica y una ola de críticas por parte de la sociedad y de organizaciones defensoras de derechos humanos, así como de algunos aliados políticos de Obama porque se convirtieron en un símbolo del esfuerzo de la anterior administración por esquivar el sistema legal estadounidense para juzgar a supuestos terroristas. El propio Obama ya rechazo la medida cuando era senador al tildarla de fracaso.
La llamada Ley de las Comisiones Militares, aprobada en el 2006, negaba a los detenidos de Guantánamo el derecho de cuestionar su detención ante los tribunales federales, hasta que en el 2008 el Tribunal Supremo la declaró inconstitucional.
El diario indica que funcionarios que revisan las cuestiones relacionadas con Guantánamo, cuyo cierre fue decretado por Obama el mismo día de su ceremonia de investidura, alegan que abogados del Gobierno están preocupados por los obstáculos que podrían afrontar en juicios en tribunales federales. Temen que los jueces podrían rechazar pruebas obtenidas mediante prácticas coercitivas en interrogatorios a los detenidos.
El decreto firmado por Barack Obama horas después de su investidura también incluía la suspensión durante 120 días de los procesos contra los presos detenidos en esa cárcel.