Irán juzga a ciudadanos extranjeros para desacreditar a los reformistas
La Fiscalía señala que colaboraron con embajadas extranjeras en un plan para derrocar la República Islámica a través de la denominada revolución de terciopelo
La ciudadana francesa Clotilde Reiss asiste a la vista en un tribunal de Teherán.
Irán apuntó ayer hacia Occidente en la segunda vista del juicio que se celebra contra más de un centenar de personas acusadas de instigar y participar en las protestas surgidas tras la polémica reelección del presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad. Si en la sesión celebrada la pasada semana la Fiscalía centró sus acusaciones en figuras del reformismo como el ex vicepresidente Mohamad Ali Abtahí, este sábado señaló hacia a aquellos a quienes consideró agentes de países extranjeros.
En la sala destacaban la presencia de la joven profesora francesa Clotilde Reiss y de dos ciudadanos iraníes, Nazak Afshar, empleada local de la embajada gala y su compatriota Husein Rasam, adscrito a la oficina política de la legación británica. Hacia ellos apuntó gran parte del acta de acusación leído por la Fiscalía, que los acusó de colaborar con embajadas extranjeras en un plan para derrocar la República Islámica a través de lo que denominó una «revolución de terciopelo».
Según el texto, reproducido parcialmente por la agencia oficial de noticias local Irna, los encausados participaron «en actos criminales organizados y planeados» cuyo objetivo era alterar el orden público y la seguridad «con ayuda foránea».
Esos estados extranjeros, «que de forma hipócrita defienden los derechos humanos, utilizan sus medios de comunicación para coordinar su diplomacia en contra de Irán».
«Intentaron desestabilizar el país apoyando a los reformistas, a quienes financiaron para provocar una brecha entre el pueblo y sus representantes», continuaba el texto. «Dieron formación a organizaciones no gubernamentales así como a periodistas y activistas de los derechos humanos para que infligieran daño a la imagen externa de Irán con webs» y otros instrumentos, proseguía. La Fiscalía señaló directamente al Reino Unido, país al que acusó de urdir la supuesta conjura con meses de antelación.
«Mucho antes de las elecciones presidenciales de junio, la embajada del Reino Unido en Irán trató de aproximarse a ciertas figuras políticas en el interior de Irán para poder alcanzar sus objetivos», denunció