Diario de León

Denuncian la paliza de chavistas a defensores de la libertad de expresión

Grupos de periodistas se concentraron en Venezuela para repudiar las agresiones surgidas durante las protestas contra el proyecto de nueva ley de educación

Una periodista en la manifestación de ayer.

Una periodista en la manifestación de ayer.

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efe | caracas

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Grupos de periodistas se concentraron ayer, convocados por colegios profesionales y sindicales, ante la Fiscalía de Venezuela, en Caracas, para repudiar las agresiones que sufrieron doce informadores el pasado jueves por parte de presuntos simpatizantes del Gobierno.

Los comunicadores fueron agredidos cuando se manifestaban de forma pacífica contra un artículo de la nueva Ley de Educación, aprobada horas después, de madrugada, por el Parlamento venezolano, de mayoría pro gubernamental.

Paralelamente, grupos de universitarios ocuparon temporalmente al menos dos tramos de la principal autopista de Caracas para rechazar la nueva norma educativa, que, según sus portavoces, no pretenden acatar por «inconstitucional».

El Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela convocaron la manifestación ante la sede de la Fiscalía General, en el centro de Caracas.

Con la protesta, esos organismos pretenden expresar su «condena más enérgica y profunda indignación» por las agresiones atribuidas a un «grupo afecto al Gobierno» contra doce periodistas de la Cadena Capriles, una de las mayores editoras de prensa de Venezuela.

Los periodistas se «manifestaban pacíficamente» en una avenida del centro caraqueño «contra la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, concretamente contra su artículo 50 que penaliza a medios y periodistas, y a favor de la libertad de expresión», informó el jueves un comunicado de los colegios profesionales.

El Gobierno venezolano rechazó el jueves de manera «categórica los actos de violencia» en los que resultaron heridos los doce periodistas.

La nueva norma es defendida por el Gobierno como un instrumento para avanzar en la instauración del socialismo del siglo XXI, pero rechazada por sectores de oposición por ser «ideologizante» y «excluyente».

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