El Consejo de Ministros podría aprobarlo aun con la DIA negativa
El ruido del movimiento cívico no se queda en el aire. No es una escenificación, sino que tienen contenido y un recorrido en el que las manifestaciones iniciales han sabido enriquecerse con el consenso de los ayuntamientos afectados. Trece municipios del corredor del Bernesga, desde Villamanín hasta Valderrueda, que en las próximas semanas iniciarán las acciones legales necesarias para contener la tramitación y aprobación definitiva del proyecto por parte del Gobierno.
La batalla legal está pilotada por el despacho leonés EcoUrban Consultores, que dirige Carlos González-Antón: el mismo que consiguió parar el trazado de la línea eléctrica de alta tensión que pretendía cruzar Picos de Europa. Una defensa que tiene previstos los movimientos para hacer al Gobierno, que debe publicar ahora la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para poder continuar con la tramitación administrativa del proyecto.
Este documento es uno de los martillos pilones en los que el movimiento cívico confía para echar abajo la línea de alta tensión. El colectivo confía en «la independencia de los técnicos que tienen que redactar la DIA, quienes deben demostrar su profesionalidad y no plegarse a los intereses del Gobierno y las compañías eléctricas». Este deseo tiene base científica: el dictamen de los profesores de la Universidad de León de disciplinas como Economía, Zoología, Geología o Botánica, en el que se explica que «el impacto sería cuando menos crítico», detalla Camino Alonso.
Aunque ni siquiera este dictamen asegura el olvido del proyecto. La posible declaración de impacto ambiental negativa podría quedarse en una anécdota si el Consejo de Ministros ejercita su derecho de aprobación por encima de los dictámenes ambientales en caso de controversia entre ministerios.
El resquicio legal hace que el abogado del movimiento cívico cuente con una actuación diversificada en la que los recursos no se queden tan sólo en territorio nacional, sino que se eleven incluso a la Unión Europea amparados en las figuras de protección ambiental de los territorios por los que transcurrirá la línea de alta tensión: Reservas de la Biosfera, Lugares de Interés Comunitarios (LIC) o Zonas de Especial Protección de Aves (Zepas), entre otras.
No será un camino fácil, entienden los portavoces del colectivo. Pero para las administraciones tampoco.