El Estado español recurre la demanda de Europa por los cielos abiertos de Laciana
La Junta desautoriza a la Comisión Europea y sostiene que concedió «todos los proyectos» legalmente
Máquinas trabajando en el polémico cielo abierto.
España ya ha recurrido la demanda presentada por la Comisión de las Comunidades Europeas ante el máximo órgano jurisdiccional europeo por las supuestas infracciones cometidas en la tramitación de concesiones mineras a cielo abierto en suelo altamente protegido de la comarca leonesa de Laciana. «Ni el Estado español ni la Junta de Castilla y León comparten la interpretación realizada por los denunciantes ni por los Servicios de la Comisión Europea», advierte un comunicado remitido ayer por la Consejería de Medio Ambiente en respuesta a la información adelantada por este periódico respecto al proceso que se ha abierto en el Tribunal de Justicia Europeo por las supuestas irregularidades cometidas durante la evaluación ambiental de los cielos abiertos de Feixolín, Ladrones, Salguero-Prégame-Valdesagadas, Fonfría, ampliación de Feixolín y Nueva Julia, todos propiedad del empresario Victorino Alonso.
Europa culpa a España de haber infringido el cumplimiento de varias directivas por no tener en cuenta la presencia del oso pardo y el urogallo cantábricos, especies que en su día fueron prioritarias para proteger el territorio y que hoy siguien siéndolo para garantizar la conservación de los hábitats.
La Abogacía del Estado presentó el pasado día 7 un escrito de contestación a la demanda presentada contra el Reino de España, en el que rebate, una a una, todas las infracciones detectadas por la Comisión en el mes de junio y publicadas oficialmente el pasado sábado en el Boletín Oficial de la UE. No ha trascendido hasta el momento el contenido de estos argumentos, pero los defendidos por los abogados del Estado sobre dictámenes anteriores o en reuniones mantenidas al más alto nivel han sido desautorizados desde el momento que la demanda ha prosperado.
Todo bien. La Consejería de Medio Ambiente asegura que todos los proyectos incluidos en la demanda han sido tramitados conforme a la normativa en vigor «en su momento de aprobación». Añade en su comunicado que «algunos proyectos incluso fueron autorizados antes de la entrada en vigor de la Directiva de Impacto Ambiental y de la Directiva Hábitats, que no son de aplicación con carácter retroactivo». Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que la administración no se puede amparar en que los proyectos están aprobados antes de la normativa europea, puesto han sufrido constantes modificaciones y ampliaciones y todos ellos han sido autorizados cuando se ya se aplicaba la Directiva Aves, en vigor desde que se fundó Europa. La representación legal de los demandantes a los que se refiere el comunicado de la Junta entiende que éste «es el peor de los argumentos que puede utilizar la Junta para defender los intereses de Laciana».
La Junta recduerda que la Consejería de Economía y Empleo inició el año pasado la tramitación del Plan de la Minería a Cielo Abierto en Laciana y Babia hasta el año 2020. Este documento que pretende compatibilizar los cielos abiertos con la conservación del medio está en fase de evaluación ambiental. Respecto al curso de la demanda, la Consejería de Medio Ambiente reclama tiempo hasta que el alto tribunal determine si se ha vulnerado el derecho comunitario.