García Prada presidirá la Audiencia Provincial por otros cinco años más
Entre sus objetivos se fija la consecución de una nueva sala de Lo Mercantil para León, la sección desplazada para El Bierzo y adecentar el juzgado de Villablino
El presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de León, Manuel García Prada, ocupará de nuevo la presidencia de la Audiencia Provincial de León para los próximos cinco años tras conseguir doce de los veintiún votos emitidos en la sesión plenaria del Consejo General del Poder Judicial.
García Prada, casado y con dos hijas, es natural de El Bierzo. Magistrado desde hace 19 años, es licenciado en derecho por la Universidad de Oviedo. Sirvió como primer destino en Becerreá (Lugo) con apenas 27 años de edad y posteriormente fue titular de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de La Bañeza y Ponferrada.
Ya como Magistrado de Lo Social, fue trasladado a Vitoria y posteriormente a Ourense, desde donde recaló en León. El 22 de julio del 2004 tomó posesión como presidente de la Audiencia Provincial de León, en sustitución del carismático y tristemente desaparecido José Rodríguez Quirós. Ayer fue reelegido para un nuevo mandato de cinco años que en realidad, comienza a contar desde el pasado verano, época desde la que ocupaba el cargo en funciones.
El responsable máximo del Palacio de Justicia desbancó en las votaciones al presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Alberto Álvarez Rodríguez, que sumó nueve votos en su tercer intento por conseguir la presidencia.
Los TSJ, vacantes. Según informó el Consejo General del Poder Judicial en una nota de prensa, «no han podido efectuarse los nombramientos correspondientes a las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, al no haber obtenido ningún candidato los trece votos necesarios».
Este punto del orden del día de la sesión plenaria fue el que retrasó el pasado mes de diciembre la elección del presidente de la Audiencia de León, al incluirse en el mismo orden del día los nombramientos de los cargos que más conflictividad presentan a efectos judiciales (especialmente el TSJ catalán y el vasco) aunque en esta oportunidad y para no demorar el resto de nombramientos, se decidió aplazar la cuestión fundamental.
