León sólo utilizará tres de cada diez euros del Plan E para gasto social

La segunda convocatoria del Plan E nació con el objetivo de destinar una parte importante a actuaciones sociales: proyectos educativos y de dependencia que deberían cumplir la promesa del Gobierno central de no recortar las políticas sociales, ejecutándolas desde los consistorios. Sin embargo, en la provincia de León, tan sólo un 27% del dinero que el Ejecutivo central permitía destinar a estos fines cumplirá su meta.

El techo del gasto social se fijó, en el caso de León, en 10,8 millones de euros, pero los recuentos tras finalizar el plazo para la presentación de proyectos, el pasado 4 de febrero, hablan de que tan sólo se han aprovechado 2,9 millones; es decir, dos de cada tres euros que en principio deberían utilizarse en políticas sociales, acabarán por sufragar otro tipo de inversiones.

Pero no sólo el dinero da muestras de que la estrategia del Gobierno central de delegar el gasto social en los municipios ha sido errónea; el dato de las localidades que han optado por desviar parte del Plan E a otros menesteres diferentes a la obra pública es importante. Sólo veinticinco de los 211 municipios leoneses han destinado parte de su pastel a estos menesteres; apenas el 12%.

Pero las cuentas tienen que salir; el Plan E adjudicó a León una inversión de 54 millones de euros; de ella, tal y como aparece en el documento facilitado por la Delegación del Gobierno en Castilla y León, el mínimo a destinar a proyectos de inversión («sostenibilidad económica, social y medioambiental») era de 43,2 millones. Es decir, los ayuntamientos leoneses debían cubrir esa cantidad con proyectos puramente inversores, mientras que el gasto social se establecía a través de un máximo de 10,8 millones de euros. Las cifras son fáciles de traducir: era obligatorio gastar en obra pública, pero opcional hacerlo en proyectos sociales. Aún así, el Gobierno asegura que «los proyectos que se financian son distintos porque están relacionados con el nuevo modelo productivo y de economía sostenible que el Gobierno está impulsando».

De forma casi anecdótica, el dinero que la provincia ha dejado escapar ha sido unos 1.222 euros.

Pero en la convocatoria había más requisitos. Los proyectos a financiar debían ser de nueva planificación y de ejecución inmediata, lo que obliga a los ayuntamientos a cumplir un estricto calendario: todas las obras deben estar terminadas el 31 de diciembre de 2010.

¿Y cómo recibirán el dinero? Los municipios se embolsarán el 85% del importe total tras la resolución de autorización del proyecto, mientras que el 15% restante llegará con la justificación de la realización de las obras.

Pero, independientemente de a qué se dedique el dinero, el Plan E sigue teniendo su traducción en puestos de trabajo, otro de los pilares de la iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero. León verá cómo la inversión del Gobierno central se traduce en la provincia en 2.731 empleos, atendiendo siempre a las estimaciones que los propios municipios realizan en sus proyectos. La provincia es, de esta forma, la segunda de la comunidad que más dinero recibe -"sólo superada por Valladolid, con 57 millones-", pero es la que más empleo genera: 2.731 puestos de trabajo frente a los 1.790 de Valladolid.

Eso sí, la mano de obra deberá ser contratada a través de los servicios públicos de empleo, aunque la empresas también podrán acudir a trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad. Además, según el Ejecutivo central, tendrán prioridad para la contratación aquellos desempleados que lleven al menos un año inscritos como demandantes de empleo.

El plazo de presentación de proyectos, abierto en noviembre, ha servido también para poner a prueba la administración electrónica; de hecho, ese ha sido el único camino que han podido elegir los municipios de la comunidad para tramitar sus expedientes.