«No puede abrir una gran superficie junto a una catedral o en un parque»

-"¿Qué consecuencias tendrá la nueva Ley de Comercio Minorista?

-"Beneficia al sector porque introduce una liberalización de la actividad y una reducción de trámites administrativos, una simplificación de la burocracia. Eso abrirá más negocios.

-"El texto satisface a los pequeños comercios, pero no a las grandes superficies, que denuncian trabas a la apertura de centros. ¿Por qué no gozan de la misma libertad?

-"La ley, que supone transponer a España la directiva europea de Servicios, no distingue entre establecimientos. Eso lo deja a las autonomías, que tienen las competencias de comercio interior. Ellas deben adaptar el texto a sus ordenamientos y podrán introducir diferencias de concepto, respetando la directiva.

-"Pero dejar a las autonomías decidir qué son «razones imperiosas de interés general» equivale a consagrar un mecanismo de segunda licencia. ¿No choca con el afán liberalizador?

-"El espíritu de la norma es que hay que dar libertad al sector del comercio, pero la propia directiva permite excepciones por razones imperiosas de interés general al principio de no establecer autorizaciones previas. Por ejemplo, no se puede poner una gran superficie al lado de una catedral del siglo XII, porque sería un atentado contra el patrimonio, o un hipermercado de 7.000 metros en un parque natural, por lo que supondría de tráfico o residuos. No puede haber libertad absoluta. La ley deja claro que a la hora de conceder autorizaciones no pueden primar criterios económicos.

-"¿Cree que esos principios bastan para asegurar la competencia en igualdad?

-"Las comunidades tienen que administrarlos con sensatez y responsabilidad. Si no es así, Bruselas tomará nota y podría abrir un expediente contra España por incumplimiento de la directiva de servicios.

-"¿Cómo explica que la CNC haya pedido suprimir cualquier mecanismo que otorgue a las comunidades la decisión final?

-"Yo no estoy en la CNC y no puedo explicar por qué hacen las cosas. Pero sí puedo decir que no es adecuado lo que ha dicho la CNC. Primero porque las comunidades sí son competentes, puesto que así se establece en sus estatutos. Y segundo, por la necesidad de introducir algún marco regulatorio en el ordenamiento del comercio, precisamente por las singularidades que tiene desde el punto de vista socioeconómico.