El juez anula varios acuerdos de la junta vecinal de Villarrodrigo por irregulares

El juzgado de lo Contencioso número 1 de León ha anulado varios acuerdos adoptados en el 2005 por la junta vecinal de Villarrodrigo al apreciar irregularidades en la convocatoria de las reuniones. El juez confirma que el vocal de UPL, Eloy Aller, no fue notificado para que acudiera a la sesión extraordinaria del 21 de abril, «lo que vulnera las normas esenciales del procedimiento, de la formación de la voluntad del propio órgano rector de la entidad local menor, y del derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución». También considera probado que se «imitó la firma» del vocal para simular que éste había recibido la convocatoria de la junta vecinal, cuando en realidad nunca llegó la notificación a su domicilio.

Al anular el acta de la sesión, quedan nulos los acuerdos que se adoptaron en aquella fecha, como la subasta de seis parcelas en el SAU 20 y el proyecto de reforma del edificio de usos múltiples de la localidad, junto al pago de las obras. Precisamente, la actuación que se quería efectuar en el interior del polideportivo para ampliar la zona de cafetería, mejorar los vestuarios e instalar un montacargas, había sido fuertemente criticada por el leonesista, por sus altos costes, 245.000 euros. UPL había denunciado, además, que las obras comenzaron sin licencia y sin darse a conocer al pueblo, como demostraría «que en una sesión secreta se intentara aprobar el proyecto y el pago de los trabajos al mismo tiempo», indica la vocal Pilar Reguero.

La sentencia condena a la junta vecinal a pagar las costas del proceso judicial, que se ha prolongado cinco años. De ahí que Reguero vaya a solicitar que ese pago se cargue en exclusiva al anterior pedáneo, Ceferino Méndez, en lugar de a la junta vecinal, «porque la condena es fruto de un empecinamiento del ex presidente, al que se advirtió de que estaba realizando algo ilegal y no hizo caso. Incluso se acudió a la Subdelegación del Gobierno, que le apercibió de la ilegalidad, y se negó a repetir la sesión, lo que habría zanjado la cuestión hace cinco años sin intervención judicial», remarca. La también concejala de Bienestar Social considera importante el fallo, «que demuestra que las ilegalidades no quedan impunes». Queda aún sin resolver otra denuncia de un grupo de diez vecinos.