El Ayuntamiento recurre y pospone la devolución del IBI

Mientras en la calle los vecinos se preguntan cuándo podrán disponer de la subida aplicada en el IBI en el 2008 -”una media de 86 euros por unidad urbana-” el Ayuntamiento de León insiste en que «lo importante» es que ha actuado «de buena fe y cumpliendo con la legalidad» y que «la responsabilidad única y exclusiva es de la Diputación». Una pelea que pasa a segundo plano judicial: primero, será el Tribunal Supremo (TS), ante el que el consistorio presentará recurso de casación en los próximos días, quien decida si suscribe el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en el que se dictamina la nulidad del incremento aplicado en el 2008; después -”como mínimo en el plazo de un año-” tendría que pleitear con la administración provincial para que se establezca quién debe aportar los cerca de 8 millones de euros que se recaudaron gracias a la variación del impuesto.

Ante una nueva sentencia que establezca el derecho a la devolución -”para todos los vecinos y no sólo para los 74.000 que recurrieron, según compromiso del alcalde-” el concejal de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo, presentó ayer como prueba el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el que se publica la ordenanza fiscal, con fecha 31 de diciembre del 2007. Un boletín que, según el fallo del TSJ basado en documentos notariales, se publicó en la web el día 2 de enero y fue impreso el 3 de enero; pese a que la ley marca que la fecha «debe coincidir con la de su efectiva publicación». El problema legal surge por la obligación legal de que, para entrar en vigor a 1 de enero, debe estar publicado antes.

Con fecha falsa. El edil socialista recalcó ayer que «si se publicó con fecha falsa es una responsabilidad judicial» que, a su juicio, «debería tener consecuencias legales». «El Ayuntamiento ni pidió que se retrasara, ni que se publicara con fecha falsa. Si es nulo no es culpa nuestra», atacó Fernández Cardo, quien reconoció que el consistorio envió la ordenanza para su publicación en el BOP el día 28 de diciembre, viernes, después del Pleno de aprobación definitiva de la ordenanza. Pese a ser consciente de que el sábado y el domingo, 29 y 30 de diciembre, la imprenta de Diputación en la que se edita el BOP estaba cerrada, el responsable de Economía y Hacienda recordó que «en el 2005 la Diputación tuvo un pleno el 30 de diciembre, viernes, y sus acuerdos se publicaron el sábado 31 de diciembre».

En estos ejemplos se parapetó Fernández Cardo para resolver que «la Diputación es la responsable de lo que se publica en el BOP», a pesar de que la ordenanza que regula este boletín establece que cuenta con un plazo máximo de 6 días para la publicación de los anuncios urgentes -”algo que no se hizo constar al entregar el documento el día 28, pero que según el edil se había comunicado «en correos»-” y 15 días para los ordinarios. Una argumentación que los responsables de la administración provincial arguyen para descartar su responsabilidad, a la vez que citan que la ordenanza se aprobó de manera inicial el 9 de noviembre, tras lo que tuvo un mes de exposición pública y tiempo suficiente para no tener que posponer el pleno de ratificación definitiva hasta el 28 de diciembre.

Negligencia o maniobra política. El concejal responsable de la gestión de los impuestos fue un paso más allá en sus acusaciones. «¿Sabía la Cámara de la Propiedad Urbana (organismo que interpuso la denuncia) que la Diputación no iba a realizar su trabajo? ¿Alguien, interesadamente, les avisó? ¿O la Cámara de la Propiedad lleva un notario a todos los sitios?», se preguntó el edil, quien cuestionó que en vez de «una negligencia» se trate de «una maniobra premeditada» para originar el «colapso económico» y que el PP saque «un rédito electoral». «Es vergonzoso que haya personas que, lejos de asumir sus errores, se alegren de que su incapacidad perjudique a los ciudadanos», puesto que «será toda la provincia la que tenga que pagar las consecuencias».