Entran en vigor las medidas urgentes para daños por fuegos y otros desastres
La Ley 3/2010, de 10 de marzo, que entró en vigor ayer mismo con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aprobó medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León. La nueva norma amplía al 11 de marzo de este año las previsiones del decreto que regulaba las subvenciones a los damnificados por fuegos y otros desastres naturales ocurridos entre 1 de marzo y el 1 de noviembre de 2009, lo que permite que sean contemplados en las ayudas los damnificados por las catástrofes naturales ocurridas en Castilla y León durante este invierno.
Asimismo, se prevé en esta norma un régimen de ayudas específicas, así como la adopción de un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a la reparación de los daños producidos en personas y bienes y a la recuperación de las zonas afectadas. Por otra parte, las pérdidas de producción ocasionadas por los incendios y las tormentas en los cultivos configuran, por la magnitud de los daños ocasionados, una situación de «desastre natural», en los términos establecidos por las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario.
El objetivo. El objetivo de esta norma es aprobar un catálogo de medidas que abarcan aspectos muy diferentes, desde las que se dirigen a disminuir las cargas tributarias hasta las que prevén la concesión de créditos privilegiados para intentar paliar el impacto en las empresas y ciudadanos afectados. El Ministerio del Interior prevé ayudas por daños personales y materiales en o establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, turísticos y de otros servicios. También se destinará ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes y a corporaciones locales por los gastos causados para hacer frente a esta situación.
Las solicitudes para la concesión de estas ayudas, cuyo plazo de presentación será de dos meses, se tramitarán por las subdelegaciones del Gobierno y serán resueltas por el ministro del Interior en el plazo de tres meses, contados desde la presentación de la la misma.