El Común no ve legal la obligación de domiciliar el pago para partir el IBI

El Impuesto de Bienes Inmuebles colecciona dictámenes judiciales. Si primero fue el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quien sentenció la nulidad de la subida del 2008 -”contra lo que el Ayuntamiento elevará en los próximos días recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS)-”, ahora es el Procurador del Común el que estima que, «contra lo indicado por la administración municipal, no existe cobertura legal para la imposición de la obligación de domiciliación del segundo plazo». «No existe ninguna norma que exija a los ciudadanos ser titulares de una cuenta bancaria», establece Javier Amoedo Conde en la resolución dictada como respuesta a la queja interpuesta por la Cámara de la Propiedad Urbana, en la que abunda en que «sería comodidad», como defendió el concejal de Economía y Hacienda, «si así se ofreciera como posibilidad y no como obligación».

El dictamen del Procurador del Común da pie a la cámara para esperar que el recurso presentado ante el juzgado Contencioso Administrativo de León por «la ilegal actuación del Ayuntamiento» siga la misma línea y se corrija un método, que «no admite el fraccionamiento del pago si no se domiciliaba el segundo plazo en una cuenta bancaria, lo que tuvo como consecuencia el cobro de recargos de apremio a numerosos ciudadanos por no cumplir con este requisito».

Respuesta al concejal. El anuncio de la resolución se sucede un día después de que el concejal de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Fernández Cardo, dejara el aire unas preguntas sobre la connivencia del PP y la Cámara para que la subida del IBI haya sido sentenciada nula. «¿Sabía la Cámara de la Propiedad Urbana (organismo que interpuso la denuncia) que la Diputación no iba a realizar su trabajo? ¿Alguien, interesadamente, les avisó? ¿O la Cámara de la Propiedad lleva un notario a todos los sitios?», interrogó el edil socialista. Unas acusaciones veladas que ayer atajó el secretario general del organismo, Miguel Ángel Sánchez Fraile, quien aclaró que «la cámara no es ninguna organización política» y criticó el intento de «politizar el tema». «Nos debemos a nuestros asociados. Ni se nos recibió, ni se nos hizo caso, así que sólo nos quedaba el camino legal. Por eso vigilamos que se cumplieran los requisitos en la tramitación y mandamos un notario a la Diputación el día 1 y el día 2 de enero para ver si se había publicado el BOP, porque además sabíamos que no se había enviado hasta el día 28 de diciembre, cuando se aprobó en el Pleno, y que el 29 y 30 eran sábado y domingo y no se trabajaba en la imprenta de la Diputación que editaba el boletín», explicó el portavoz de la institución, quien apuntó que «el único error que ha cometido la Diputación es haber intentado salvar la situación poniendo la fecha de 31 de diciembre cuando se imprimió el 3 de enero».

Sánchez Fraile lamentó que «ahora se intente hacer ver que el problema es de quién es la responsabilidad, si del Ayuntamiento o de la Diputación, cuando el problema surge por la subida de casi un 30% del IBI en tiempo de crisis, un caso único en España, lo que es casi una mensualidad de un trabajador».