Fusión o marcha atrás

El Consejo de Administración de Caja España votará mañana, en una convocatoria extraordinaria, a favor de la fusión con Caja Duero. Lo harán incluso los representantes de los trabajadores, a la espera de ver en qué acaba el nuevo desencuentro entre las dos entidades para retomar (si hay caso) la negociación laboral. Lo harán, eso sí, condicionado: apoyan el proceso, pero el Protocolo Laboral deberá estar defintivamente firmado antes de que el acuerdo se lleve a las asambleas generales. Si es que finalmente se lleva.

Porque las dudas en las últimas horas no han hecho sino acrecentarse. Las diferencias entre la caja con sede en León y la de Salamanca sobre el ya difícil acuerdo alcanzado a principo de año en Tordesillas, y sobre todo los recelos permanentes, están a punto de dar al traste con un proceso que lleva meses diseñándose.

Las presiones de la Junta de Castilla y León y las amenazas del Banco de España no han hecho sino reforzar las reticencias de Caja Duero a seguir adelante con un proceso que se considera imprescindible para garantizar la viabilidad de ambas entidades. Ninguna de las dos puede seguir su andadura en solitario, y la autoridad monetaria ha vuelto a advertir este fin de semana que no le temblará la mano a la hora de intervenirlas si la fusión finalmente se aborta.

Caja España no está por la labor de dejarse arrastrar por un nuevo fracaso en las negociaciones entre cajas autonómicas. Hasta el punto que, sin ser la solución idónea, desde la Junta se plantea incluso la posibilidad de acercar a la caja con sede en León al otrora denostado proyecto de Banca Cívica en caso de necesidad. Caja Duero quedaría descolgada del proceso, y pendiente de la decisión del Banco de España sobre su futuro en solitario.

El mismo, pero diferente. El caso es que mientras Caja España ha convocado para mañana a las 18.00 horas su Consejo de Administración extraordinario para dar el visto bueno a la fusión, en Caja Duero se reitera que el encuentro de sus consejeros sólo servirá para hablar de las diferencias entre las dos entidades, «sin alcanzar acuerdos concretos».

La paciencia de las autoridades (políticas y económicas) y de Caja España parece haber llegado al límite. Los negociadores de ambas entidades apuran las horas para cerrar el documento que tendrán que votar mañana los consejos, y que debe estar concluido hoy.

Un nuevo capítulo sobre el ya tan manoseado músculo financiero autonómico está apunto de cerrarse, con la evidencia, eso sí, de que los planes de la Junta de Castilla y León en lo que se refiere a la deseada reordenación de su sistema financiero interno tienen la virtud de salir siempre por la culata. No hay más que ver el cambio de actitud del gobierno autonómico respecto al proyecto de Banca Cívica: oposición frontal al inicio, apoyo total poco después.

Quizá no sea el último cambio de rumbo que la voluntad individual de las cajas imponga a los deseos económicos de la Junta. Mañana se sabrá.