La Junta no confirma si corregirá los agravios a León de la ley rural
Clemente evita responder a Otero sobre una cofinanciación de la ley, tal y como se plantea en otras comunidades
Silvia Clemente y Rosa Miguélez se dan la mano tras la firma del convenio para la nueva línea de cré
El injusto mapa diseñado en la provincia de León para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible llegó ayer a las Cortes, aunque poco más que reproches al Gobierno central se pudieron escuchar en el hemiciclo. Joaquín Otero planteó a la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, la posibilidad de que la Junta firmara un convenio con el Ejecutivo central para que el dinero de las arcas autonómicas complementara a lo consignado desde Madrid. Se trata de una posibilidad que ya han planteado, entre otras comunidades, Andalucía, Asturias o Cataluña. Pero no hubo respuesta. Ni a esa cuestión ni a la posibilidad -”planteada del mismo modo por el portavoz del Grupo Mixto-” de que los municipios que salen peor parados en el reparto, obtenga alguna compensación de la Junta.
La inversión del Ejecutivo autonómico se limitará, por lo tanto, a los convenios que ya se han firmado en 2008 y 2009 -”y que se rubricarán en 2010-” entre ambas administraciones destinados a proyectos piloto y que ha puesto en funcionamiento hasta 17 millones de euros en la comunidad en dos años.
Sí hubo tiempo, sin embargo, de arremeter contra el Gobierno y su Plan. Para la consejera, todo el programa no es más que una «pantomima» con la que se pretende hacer ver el compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero con el medio rural, aunque, avisó Clemente, «no sirve para nada de eso».
La consejera aseguró en su intervención que «el desarrollo rural se hace con inversiones nuevas y lo demás es puro entretenimiento». De esta forma se refirió a la polémica de los municipios excluidos por el Programa, basándose en criterios arbitrarios y poco claros.
La consejera criticó , además, que Andalucía, con sólo un 6% de los municipios incluidos en el programa, haya recibido el doble de dinero que Castilla y León, que acumula el 42% de los municipios a revitalizar.