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León

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La andanada | cerecedo

Las declaraciones días atrás del secretario autonómico del PSOE, Óscar López, anunciando que su grupo llevaría el caso Gürtel al Pleno de las Cortes de Castilla y León habían despertado cierta expectación. Se suponía que los socialistas habrían buceado en los 50.000 folios del sumario, hallando en ellos nuevos datos comprometedores para el gobierno autonómico. Sin embargo, el argumentario manejado al efecto por la portavoz socialista, Ana Redondo, fue el mismo que podía haber utilizado hace tres, seis o nueve meses. Redondo preguntó al presidente de la Junta si pensaba adoptar alguna medida para salvaguardar la imagen de las instituciones autonómicas, sin aportar nada nuevo. Y lógicamente la respuesta de Juan Vicente Herrera tampoco ofreció nada novedoso.

La portavoz socialista cargó especialmente las tintas sobre el ex vicepresidente de la Junta, ex consejero de Fomento y ex secretario regional del PP, Jesús Merino, cuya imputación no guarda que se sepa relación, al menos de momento, con su paso por la administración autonómica. Redondo acusó a Herrera de tibieza, le reprochó que un «individuo» (sic) como Merino mantenga el escaño de diputado y recordó que el PP le nombró el pasado año miembro de la comisión negociadora encargada de negociar el «Pacto por el Progreso de Castilla y León». El presidente de la Junta se atuvo a la presunción de inocencia y exigió un respeto hacia el actual diputado por Segovia. Lo demás fue el consabido cruce de acusaciones sobre la actitud de cada partido frente a la corrupción, intercambio durante el que Herrera recordó a los socialistas la etapa negra protagonizada por el gobierno de Felipe González.

El rifirrafe tuvo después una secuela a través de otra pregunta gemela realizada por el socialista Fernando Benito y contestada por el Consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago. Pregunta y respuesta volvieron a ser más de los mismo. O sea, nada con sifón.

Al margen del caso Gürtel, el grupo socialista puso ayer el punto de mira en el consejero de Sanidad, Álvarez Guisasola, sobre el que recayeron seis de sus once preguntas orales. Trabajo extra para los asesores del consejero, que no es de los que improvisa las respuestas, toda vez que tiene por costumbre responder leyendo literalmente contestaciones escritas que lleva preparadas. Ello permite afirmar sin riesgo de equivocarse que se trata del consejero que mejor mide sus respuestas (junto al de Educación, Juan José Mateos, otro que emplea la misma técnica). Aún así, desde el gasto farmacéutico a las listas de espera, cualquier parecido entre los datos ofrecidos por Guisasola y los utilizados por los procuradores socialistas no existe la menor coincidencia. Como si vivieran en mundos distintos.

Una de las escasas novedades de la sesión fue el reencuentro parlamentario de la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, que volvía a las Cortes tras su reciente baja por maternidad. A Clemente se dirigió una de las preguntas formuladas ayer por Joaquín Otero, concretamente la referida a los extraños criterios de selección para elaborar el mapa de los municipios incluidos en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible. La consejera eludió hábilmente lo que se le preguntaba y decidió tirar por elevación: «Este Programa no va a significar prácticamente nada para el desarrollo rural. Es una pantomima del ministerio para aparentar que se hace algo», dijo. Vamos que da igual los municipios que estén.

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