La Diputación destina 380.000 euros para su defensa en las decenas de juicios
Se enfrenta a una demanda millonaria de los promotores de San Isidro, contenciosos con opositores, además de las habituales denuncias por daños en sus instalaciones
La liquidación del presupuesto del 2009 ha permitido al equipo de gobierno dotar la partida prevista en las cuentas de este año para gastos jurídicos. Ayer, la Comisión de Presidencia, con el visto bueno del PP, aprobó el denominado reparto técnico de los remanentes obtenidos del balance del ejercicio anterior: un total de 43 millones de euros, 14 de los cuales tienen que ser refrendados por el Pleno.
Precisamente, en este apartado van incluidos los 380.000 euros que la institución destinará para pagar los abogados y gabinetes jurídicos que la defenderán en los tribunales en sus múltiples pleitos y también para hacerse cargo de resoluciones judiciales que le obligan a abonar indemnizaciones
El PSOE, que votó en contra de la distribución técnica de la liquidación advirtió ayer de que finalmente esta partida dirigida a pagar los honorarios de servicios jurídicos no será suficiente y durante el ejercicio deberán acudir a otro suplemento de crédito para contar con más fondos para este fin.
«Nos sale caro que la presidenta se haga famosa, lo digo por lo que un día afirmó cuando aseguró que en política no eres nadie si no tienes unas cuantas querellas criminales», resaltó ayer el viceportavoz socialista, Matías Llorente, quien avisó de que probablemente a finales de año esta partida para gastos jurídicos acabe en los 500.000 euros.
Cada año la Diputación se enfrenta a decenas de juicios, más de un centenar, por daños causados por sus carreteras o en instalaciones provinciales como las estaciones de esquí y otros espacios. A estos pleitos habituales hay que sumar contenciosos y querellas de opositores que no están conformes con procesos de selección y este año, además, tiene que acudir a un juicio con los promotores de San Isidro (Esquí Golf Resort) que en una demanda reclaman seis millones por daños y perjuicios causados por la falta de luz en San Isidro, al tener que renunciar a la construcción de decenas de viviendas y complejo hotelero de lujo, entre otras infraestructuras. Esta defensa corre a cargo de un costoso y prestigioso bufete de abogados de Madrid, a los que la presidenta, Isabel Carrasco, ha confiado personalmente este servicio.