Un año en la cuerda floja

Análisis | m. j. muñiz

El 5 de mayo del 2009 la carrera de las administraciones autonómicas por subir el mayor número posible de instalaciones al suculento carro de las energías renovables (y sus primas) se frenó en seco. El Ministerio de Industria aprobó entonces el Real Decreto que creaba el registro de pre-asignaciones, e inició una farragosa tramitación para establecer un calendario de entrada en vigor de las instalaciones que cumplieran todos los requisitos que consideraba necesarios. La justificación, además de controlar un negocio de cobro de primas que se desbocaba peligrosamente, estaba en racionalizar la entrada de energía renovable en el sistema eléctrico, e ir adaptándolo a las dificultades que plantea la gestión de este tipo de electricidad tanto desde el punto de vista de la operatividad como del transporte.

Desde Castilla y León la decisión se ha interpretado como un intento de «distribuir» la cuota de renovables, especialmente de la eólica, entre las distintas autonomías. Una sosprecha que comparten los promotores eólicos, y que se basa en la evidencia de que la comunidad «había hecho sus deberes» y tenía aprobado un volumen de instalaciones eólicas muy superior al de otras autonomías (por ejemplo, Andalucía).

El caso es que proyectos que contaban ya con la aprobación y la autorización autonómica, con el compromiso de financiación y con el de Red Eléctrica de garantizar la evacuación de la energía producida a la red; incluso algunos parques ya construidos o en proceso, se han quedado fuera del registro ministerial.¿Qué ocurrirá con ellos?