La nueva Caja España debe competir en un sector que sólo ha iniciado su reforma

Caja España y Caja Duero comenzarán a trabajar hoy mismo con las comisiones provisionales (hasta que se registre la nueva entidad dentro de un mes) que deberán ejecutar en la práctica los acuerdos de fusión negociados en los últimos meses. Por delante tienen un ambicioso Plan de Negocio a cinco años, que les obligará a mejorar solvencia y eficiencia, resultados y gestión. Y a depurar por un lado los excesos de su plantilla y estructura, y por otro los cometidos en los últimos años de alegría crediticia, especialmente en el sector inmobiliario. Prudencia y bajo riesgo son las máximas a seguir en los próximos ejercicios para alcanzar los objetivos marcados.

Sin embargo, los retos de la nueva gran caja de Castilla y León (y del sistema financiero en general, especialmente del sector de las cajas de ahorro) se anuncian más que espinosos a corto plazo. La pasada semana el Finacial Times anunciaba un escenario para las cajas que definía como una «travesía del desierto de cuatro o cinco años». Un marco de cambios y mayores exigencias en el que será difícil contar con más ayudas públicas: las autoridades europeas son reticentes a permitir excesiva implicación de los fondos estatales, porque temen que las cuentas de las cajas se encuentren en realidad en peores condiciones de las que sus ejecutivos han reconocido hasta el momento.

Excesivamente bancarizado. El caso es que mientras el sector se prepara para adelgazar hasta dejar en una veintena las 45 cajas de ahorro actuales (algunos abogan por no dejar más de 15 a corto plazo), los expertos advierten de que España sigue siendo un país excesivamente bancarizado. Y las cajas se llevan la mayor parte de este sobrante de cajas y empleados, que algunos estudios cifran en 35.000 empleos y más de 10.000 oficinas por encima de las necesidades reales del país.

Un sobredimensionamiento que se suma a la evidencia de que los apurados procesos de integración que vive el sector en este momento no evitarán que en breve haya que afrontar el auténtico proceso de ajuste de la capacidad y la recapitalización de las cajas de ahorro. Quizá la transformación que se ha querido evitar: la imprescindible entrada de capital privado, que deberá ir acompañada de derechos de voto. Entre los pros, un menor control político, que se ha evidenciado como la mayor traba para la inexcusable modernización del sector. Entre los contras, el inicio del cambio de la naturaleza jurídica de las cajas.

Antes de que acabe este año las cajas, también la nueva gran caja autonómica, deberán afrontar nuevos y exigentes retos de competitividad. El sector espera una nueva vuelta de tuerca, que según los expertos no será una segunda oleada de fusiones, sino la verdadera reforma que ha quedado por hacer en la ronda que ahora culmina.