La Junta advierte a Ávila y Segovia que puede vetar la unión con Caja Madrid

El respaldo dado ayer por los consejos de administración de Caja Ávila y Caja Segovia a la integración en el Sistema Institucional de Protección (SIP) que lidera Caja Madrid recibió de nuevo la amenaza de la Junta de Castilla y León, que no parece dispuesta a autorizar el proyecto. Desde el gobierno autonómico insisten en que las dos cajas deben integrarse en el proyecto que salga de la fusión de Caja España y Caja Duero, para acudir más tarde en una posición de mayor fortaleza para los intereses de Castilla y León a la incorporación en una caja más grande, y de fuera de la autonomía, que sería también con toda probabilidad Caja Madrid.

El vicepresidente económico de la Junta, Tomás Villanueva, advirtió ayer a Caja Ávila y Caja Segovia que diseñen «un plan B» por si el gobierno autonómico rechaza su integración en la fusión fría impulsada por Caja Madrid. Villanueva explicó que la Junta estudiará «seriamente» el protocolo y tomará la decisión oportuna «con la misma libertad y autonomía que la toman las cajas de ahorro».

No obstante pidió a las entidades financieras que piensen en una alternativa «por si acaso el gobierno regional dice que no» y recordó que las dos cajas «ya han tenido otro plan B en los últimos dos años en los que han ido pasando de un proyecto a otro con bastante facilidad».

El consejero de Economía y Empleo añadió que sería «positivo» para Castilla y León que las dos entidades «reflexionaran» antes de tomar una decisión y reiteró que a su juicio, su integración en la fusión de Caja Madrid es «una operación desmesurada». Villanueva explicó que a juicio de la Junta, dicha fusión no responde con claridad a lo que debiera ser la participación de dos entidades como Caja Ávila y Caja Segovia «en un proyecto de tal envergadura» ya que a su juicio el peso que tendrán «no les permitirá prácticamente ni opinar».

Villanueva optó por zanjar el asunto asegurando que confía en que los órganos de dirección de ambas cajas tomen la decisión «con libertad» e insistió en que la Junta tiene una responsabilidad en el procedimiento de autorización de modo que intervendrá una vez que se haya tomado la decisión en sus respectivos consejos de administración.

Por su parte el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, confió en que los consejos de administración den marcha atrás en la decisión de ayer y eviten así que ambas entidades financieras «se diluyan» en una operación en la que «tendrán escasa presencia y no se reflejarán los intereses de los castellanos y leoneses».

Fernández Carriedo lamentó que los consejeros hayan optado por mirar hacia este SIP, que constituirá la mayor caja del país, «sin conocer aspectos asociados a la situación en que quedarán» y esperó que «se modifique porque aún están a tiempo». Alentó a que, si deciden modificar la decisión, negocien con Caja Duero y Caja España para su unión a la fusión recién nacida, «para crear un sistema fortalecido regional y, entonces sí, hablar con cajas externas».