La Junta sofoca con dinero la amenaza del Ayuntamiento con los bomberos

La escenificación de cómo apagar un incendio político reunirá al Ayuntamiento y la Junta en una foto. Sonrientes y autocomplacidos por acabar con un conflicto que inflamó el consistorio hace un año, cuando anunció que los bomberos de la capital no saldría a dar servicio a la provincia si la Diputación y la administración autonómica no se comprometían a crear un consorcio provincial. Un amago que dejaba en sombra el reverso de la ley: los bomberos debían de salir en todos los casos en los que hubiera riesgo de vida, aunque creaba una incógnita a los profesionales sobre quién decidía en cada momento la salida, puesto que la dejación del deber de socorro acarrea responsabilidades penales.

En este escenario se ha definido el acuerdo que pone fin al drama y que se cerrará «antes de final de mes», como detalla la concejala de Bomberos, Natalia Rodríguez Picallo. La Junta se compromete a aportar, entre este año y el próximo, un camión con escala, un camión de extinción de incendios de dimensiones medias y un vehículo de excarcelación, como confirma el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández. Tres medios materiales valorados en alrededor de 800.000 euros con los que el paso adelante reivindicativo del Ayuntamiento no se quede en una bravata. Más inlcuso, se vende como una mejora de las prestaciones del servicio, que le cuesta 4,1 millones al año al municipio, que sólo recibe de la Diputación apenas 188.500 euros, a los que hay que sumar otros alrededor de 472.000 euros de las tasas de extinción, salvamento y un convenio con las aseguradoras por las excarcelaciones de los vehículos en los accidentes de tráfico.

La finaciación material de la Junta entra dentro del plan que tiene para los parques de la comunidad, como en Ponferrada, donde sufragó la nueva infraestructura. El acuerdo no lleva aparejado ningún compromiso colateral para la puesta en marcha de un consorcio provincial de bomberos, que sólo afectaría a los municipios de menos de 20.000 habitantes: todos excepto la capital, Ponferrada y San Andrés, aunque éste último sea el único que no cumple con su obligación legal de tener un servicio de extinción de incendios propio. Pese a no vincularse, la Junta ya haya anunciado que con la Diputación «en el nuevo modelo que decida desarrollar y que está estudiando en estos momentos», como concede Fernández, quien cita que la administración que representa ya ha remitido hace meses una propuesta «de máximos».