Bruselas aplaza dos semanas el debate del reglamento y el decreto del carbón
La oposición de los comisarios de Clima y Medio Ambiente retrasa el acuerdo
El sector minero sigue esperando respuestas de Bruselas.
Las autoridades europeas han retrasado el debate tanto sobre el reglamento de las ayudas al sector minero como sobre el real decreto del Gobierno para garantizar la quema de carbón autóctono, ambos previstos inicialmente para esta semana. El rechazo de los comisarios de Clima y Medio Ambiente a las propuestas del responsable de Competencia (Joaquín Almunia, que debe argumentar que las ayudas públicas no contradicen la normativa europea) ha aconsejado este retraso en una decisión que (sobre todo en el caso del real decreto) se planteaba como inaplazable.
Al final será en la reunión del 20 de julio, si no se producen nuevos aplazamientos, cuando los responsables comunitarios analicen por un lado si prorrogan el permiso para las ayudas públicas al sector minero hasta el 2023; y por otro si aprueban la medida del Gobierno para favorecer el consumo de carbón autóctono frente a otras tecnologías.
La urgencia. Los empresarios mineros habían exigido que Bruselas se pronunciara sobre el real decreto a principios de este mes, de forma que la Administración española tuviera tiempo de tramitar la documentación necesaria para que entrara en vigor este mismo mes, y el carbón almacenado y producido pudiera comenzar a quemarse en agosto. Eso permitiría a las empresas tener ingresos a partir del próximo mes, y hacer frente así a sus gastos en el mes de septiembre, cuando calculan que se les acabarán todas las reservas adelantadas por el Gobierno.
Las autoridades europeas tenían inicialmente de plazo hasta el próximo lunes, día 12, para hacer público su informe sobre la compatibilidad de las medidas propuestas con la competencia en el mercado eléctrico. Sin embargo, a principios de junio solicitaron nueva documentación, lo que prolonga unos días este plazo.
Con menos urgencia por parte de las empresas, pero también con enorme interés en todo el sector, se sigue la tramitación de la ampliación del reglamento de las ayudas comunitarias, que concluye el próximo 31 de diciembre. El comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha elaborado un documento que debía haberse debatido ayer, en el que justifica la continuidad de las ayudas como una excepción a la prohibición de conceder ayudas estatales que establece la normativa europea.
Almunia justifica el mantenimiento de estas ayudas en el grave impacto que sobre el empleo y la supervivencia de las comarcas mineras tendría el cierre de las explotaciones. Los borradores que se han manejado recomiendan, sin embargo, seguir reduciendo un sector claramente deficitario en muchos de los países europeos (entre ellos España). Una propuesta a la que se oponen tanto el Gobierno como la Junta de Castilla y León, que consideran que las reconversiones llevadas a cabo en los últimos años han dejado al sector en una medida suficiente como para justificar su carácter de reserva estratégica.
Contra la política verde. La defensa del sector minero contradice, en opinión de los comisarios responsables de Clima y Medio Ambiente, los objetivos de la Unión Europea en cuanto a promover una generación energética menos contaminante.
El caso es que la falta de acuerdo y las diferencias motivaron, según informaba ayer Efe, el retraso en el debate de estos asuntos, que no se incluyeron ayer en el encuentro semanal de comisarios. En las próximas dos semanas intentarán acercar posturas para llegar al debate con un mayor consenso.