Patrimonio podría parar la reforma de Santo Domingo
El PP advierte de que se prevaricaría si se iniciase la obra sin el permiso legal
La reforma de Santo Domingo cuenta con un peligro latente. Ocultos bajo tierra, los restos arqueológicos de la plaza podrían obligar a parar el proyecto o modificarlo, según sea el dictamen solicitado por el Ayuntamiento de la capital leonesa, el 29 de junio pasado, a la Comisión de Patrimonio. Un trámite preceptivo debido a que el entorno se encuentra inserto en el espacio «incoado como Bien de Interés Cultural (BIC) del edificio Oliden, actual hotel Alfonso V, que abarca la totalidad de la plaza, un tramo de Padre Isla y otro de la avenida de San Marcos», como describió ayer la concejala del PP Mercedes Moro, quien advirtió al concejal de Urbanismo, Francisco Gutiérrez, de que «puede incurrir en una prevaricación si continúa adelante» con el proyecto, cuyas obras están previsto que comiencen a mediados de mes. «Requiere de una autorización previa. Y previa significa «antes de», no «después de» y, mucho menos, después de contratar», matizó la edil popular.
La concejala incidió en que «el PSOE ha acabado dando la razón a la alegación presentada por el PP, ya que el informe jurídico del pasado 14 de junio indica que la plaza de Santo Domingo constituye una zona de protección arqueológica, lo que ha llevado al concejal de Urbanismo a solicitar el pasado 29 de junio una autorización a la Comisión Territorial de Patrimonio para ejecutar la excavación arqueológica». «¿Quién va a pagar el nuevo proyecto? Estamos una vez más ante una improvisación continuada, que conduce a una falta de eficacia total», criticó Moro.
Tres meses de plazo. El jefe del servicio territorial de Cultura de la Junta, Jesús Álvarez Courel, confirmó ayer que el Ayuntamiento de León ha cursado la petición y que «cualquier obra que se haga tiene que contar antes con este dictamen de la Comisión de Patrimonio, que cuenta con un plazo de tres meses como máximo para emitir su informe».
Álvarez Courel detalla que primero se elaborará la ponencia técnica: una reunión de técnicos que hace la propuesta a la comisión para que dictamen, basada en criterios puramente técnicos». Este dictamen «puede ser modificado por la comisión de Patrimonio, que tiene la potestad para aprobar, modificar e, incluso, anular el proyecto propuesto en función de los criterios técnicos, y cuyo dictamen es vinculante y de obligado cumplimiento», según el responsable de Cultura de la Junta.