101 controles acaban con 6 empresas con sanción por no emplear a discapacitados
Veinte compañías de la provincia se han acogido al certificado de excepcionalidad en los tres últimos años con medidas alternativas a la contratación de trabajadores
Trabajadores y trabajadoras en Reciclalia, empresa filial de Fundosa en La Bañeza.
Las 101 inspecciones realizadas este año a las empresas para vigilar el cumplimiento de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi) han concluido con la apertura de seis altas de infracción, según los datos facilitados a este periódico por la jefa territorial de Trabajo de la delegación de la Junta de Castilla y León, Asunción Martínez. La responsable de este departamento asegura que León es una provincia pionera en las campañas de concienciación. «Las infracciones disminuyen cada año», asegura. Los sectores servicios, industria y minería son, por lo general, los que más incumplimientos comenten.
Martínez destaca que, en paralelo, también se ha incrementado el montante total de las sanciones, que rondan este año los 6.000 euros a cada empresa, «muchas son reincidentes. Antes la media estaba en 3.000 euros y a muchas empresas les compensaba pagar la multa a contratar a un trabajador discapacitado. Las medidas alternativas también son caras».
La ley 13/1982 de 7 de abril, Lismi, establece que las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores están obligadas a contratar, al menos, a un 2% de personas con discapacidad y a un 5% en el caso de las administraciones públicas. Cuando no se cumple la obligación de contratar de forma directa por causas justificadas, las empresas pueden solicitar el certificado de excepcionalidad y acogerse a las medidas alternativas. En la provincia de León se han acogido a los mecanismos sustitutorios veinte empresas (once en la capital y nueve en la provincia), según los datos de la Junta facilitados a este periódico por la directora del Grupo Inserta, un programa que emana de la Fundación Once en colaboración con el grupo Fundosa. Entre las medidas a las que pueden acogerse las empresas está el suministro de materias primas, maquinarias o bienes de los centros especiales de empleo, la donación o acciones de patrocinio o la constitución de un enclave laboral, previa suscripción de un contrato con centro especial de empleo.
Grupo Inserta. La directora territorial de Inserta, Begoña Grijalvo, asegura que el colectivo de personas con discapacidad es uno de los más afectados por la crisis en Castilla y León. «Un alto porcentaje de trabajadores con discapacidad trabajan directamente en servicios e industria, dos de los sectores más golpeados por la crisis». Grijalvo apunta a otra consecuencia de la crisis: «La automoción y la construcción, tan gravemente afectados por la crisis en Castilla y León, ha influido más directamente al afectar al ciclo del consumo y la economía, y al afectar al número de desempleados (sin discapacidad) que compiten por puestos en principio más propicios para las personas con discapacidad».
El grupo Inserta tiene una bolsa de trabajo con 2.512 personas con discapacidad demandantes de empleo. Ha logrado en año y medio contratos de trabajo para 126 personas con discapacidad (87 en el año 2009 y 39 en lo que va de año).
Pese a las cifras, Grijalvo tiene una lectura positiva «el aumento de personas con discapacidad desempleadas lleva a un mayor número de perfiles cualificados, y con más experiencias laborales, que optan a las ofertas. El mercado laboral para las personas con discapacidad está centrándose para las empresas en el cumplimiento de la Lismi, y en los beneficios que conlleva su contratación, lo cual está derivando en un aumento lento, pero progresivo, de las ofertas de empleo. Los centros especiales de empleo es donde más personas con discapacidad están sufriendo la crisis».