Las Cámaras asturianas se apoyan en León para oponerse al recorte estatal
Los órganos camerales de Avilés, Gijón y Oviedo se reunirán con su homólogo leonés el miércoles para cerrar un documento de reivindicación de proyectos
La eliminación del peaje de la AP-66 es una reivindicación histórica que prometió Zapatero.
Las Cámaras de Comercio asturianas de Avilés, Gijón y Oviedo cruzarán la raya el próximo miércoles, día 21 de julio, para reunirse con su homóloga de León en un encuentro que pretende afianzar una posición común reivindicativa en proyectos de logística, comunicación e infraestructuras compartidas. Áreas sobre las que definirán un documento que se trasladará a las administraciones autonómicas y, sobre todo, al Gobierno central para que conozcan cuáles son las líneas prioritarias que los órganos de representación empresarial defienden para favorecer el desarrollo de los dos territorios.
El encuentro, que ya tuvo un precedente hace 8 meses en Avilés, hará de la capital leonesa la plaza en la que las cámaras exijan al Gobierno que cumpla con cuatro exigencias que interpretan como básicas: el cumplimiento de la infraestructura de alta velocidad AVE hasta Gijón y no sólo hasta Pola de Lena, como ha deja entrever el Ejecutivo central; la ejecución del tramo de autovía Ponferrada-La Espina; el compromiso de construcción de la autovía León- Braganza; y la eliminación de los peajes de la autopista del Luna (AP-66) y la León-Astorga (AP-71). Cuatro reivindicaciones que, pese al momento de crisis económica y recesión de las inversiones del Ministerio de Fomento, los empresarios argumentarán como necesarias para favorecer el desarrollo de dos territorios que, pese a no compartir una misma administración autonómica, atisban una extensa red de sinergias sin aprovechar.
La necesidad de levantar la voz y ponerla en el coro de sus vecinas asturianas se sucede en medio del debate nacional sobre la reforma del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte. Una discusión en la que el Ministerio de Fomento ya ha puesto por delante que es obligatorio dar un mordisco de 6.000 millones de euros a las inversiones programadas, comprometidas o en estudio. Recortes entre los que tienen muchas papeletas para entrar las tres primeras reivindicaciones del documento que se consensuará.