Las Cortes muestran la unidad política a favor del carbón
PP y PSOE apoyan la moción leonesista contra el fin de las ayudas en el 2014
Un explotación minera leonesa.
Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad de todos los grupos una declaración institucional que considera «inaceptable» que la Unión Europea «fije un plazo de apenas 4 años para el cierre de explotaciones que dan trabajo a miles de ciudadanos en León y Palencia». A raíz del acuerdo rubricado el pasado 20 de julio en la Comisión Europea, que prevé prorrogar únicamente hasta 2014 las ayudas económicas para el mantenimiento de explotaciones mineras deficitarias, el parlamento castellanoleonés ha adoptado esta posición de fuerza para demandar al Gobierno de la nación una defensa del carbón autóctono como fuente de energía. En la misma reunión, la Comisión Europea aplazó hasta septiembre la publicación de un dictamen sobre el Real Decreto del Gobierno de España que da preferencia a la producción eléctrica con carbón nacional y garantizar el consumo de los 10 millones de toneladas que se producen actualmente en este país.
Las Cortes han expresado con este escrito su «máxima preocupación» por ambas decisiones de la Comisión Europea, porque tienen una «incidencia directa sobre el sector» en esta comunidad autónoma, especialmente en León, que acapara el 30 por ciento de la producción nacional y aporta 3.000 empleos directos y unos 12.000 indirectos.
Los procuradores castellanoleoneses consideran que de llevarse a cabo estas medidas, la mayoría de los trabajadores del sector en Castilla y León «no tendría otra salida laboral que la emigración o el desempleo».
«Es inaceptable que se condene a comarcas enteras al ostracismo económico y social y en un plazo tan perentorio», remarca el texto. Por esta razón, las Cortes han expresado su apoyo, respaldo y solidaridad con los ciudadanos y territorios afectados por las decisiones de la Comisión Europea en unos momentos tan difíciles y críticos para todos ellos. Por último, el parlamento autonómico espera que el Gobierno de España realice ante las instancias europeas una defensa «acorde con la gravísima situación generada y con los intereses del sector del carbón nacional que están en juego».