León y Ponferrada tendrán que devolver al Estado 2 millones por el desajuste fiscal
La factura alcanza los 3,5 millones si se contabilizan las once entidades más significativas de la provincia
Fachada del Ayuntamiento de León en la avenida Ordoño II.
La maltrecha economía de los ayuntamientos sufre un nuevo revés del Gobierno. El ministerio del ramo reclama a 6.546 municipios de toda España 565 millones de euros por los desajustes fiscales en la recaudación del 2008.
Los principales consistorios leoneses tendrán que devolver al Estado casi 3,5 millones de euros por el desfase que existe entre la cantidad que entregó la Administración a los ayuntamientos y los ingresos fiscales recaudados. Una vez cerrada la liquidación, y según datos de la Administración General del Estado, los alcaldes tendrán que reintegrar a las arcas públicas una buena parte de la inyección económica que les llegó en los presupuestos del 2008, debido a unas previsiones demasiado optimistas.
El consistorio de Ponferrada es el que sale peor parado y copa las primeras posiciones en el ránking nacional. El Gobierno le reclama 1.533.104,37 euros. Está en el top 10 de las ciudades pequeñas con más deuda por este concepto. El de León tiene pendientes 513.888 euros, casi la misma cantidad que el de San Andrés del Rabanedo, que tendrá que reintegrar 490.361,87 euros; el de Astorga registra un desajuste de 224.095,61 euros, el de Villaquilambre, de 217.668,69 y los de Bembibre y Villablino deben 174.493,54 euros y 108.714, respectivamente.
Por debajo de los 100.000 euros están Valverde de la Virgen (99.394,26 euros), Cistierna (34.783,92), Valencia de don Juan (31.531,39) y Villafranca del Bierzo (10.154).
El resto de ayuntamientos de la provincia, prácticamente todos, también deberán hacer frente a la reclamación del Gobierno. Son muy pocos los que se libran de la criba, aunque las cantidades exigidas en el caso de las entidades pequeñas son menos significativas. Así, Chozas de Abajo, por ejemplo, tendrá que devolver 24.294,27 euros, Boñar, 17.005,33 y Puebla de Lillo, 6.730,49. No obstante, muchas entidades entrarían en una situación de bancarrota si se les exige restituir el desfase provocado por el error de planificación presupuestaria.
Ajuste. Si bien, la reclamación del Ministerio de Economía obligará a los ayuntamientos a ajustar aún más su contabilidad para garantizar los servicios públicos, pagar las nóminas y afrontar los gastos corrientes.
La falta de liquidez que impide las maniobras financieras de las administraciones locales y la deuda que mantienen con proveedores y bancos aconsejan un replanteo de la estructura administrativa de los ayuntamientos para burlar los efectos de la crisis. A esto se une, además, la caída de los ingresos derivados del sector de la construcción y la prohibición de endeudarse más allá del 2011, con lo que se presuponen serias dificultades para amortizar las cuentas de tesorería el 31 de diciembre, tal y como exige el Gobierno.
En el ejercicio contable del 2009. El desfase puede anotar una cantidad similar, si no superior, como apuntan algunas fuentes, cuando se liquide la contabilidad del 2009.
Los consistorios están ahora sumergidos en el mismo problema en el que también incurrieron las comunidades autónomas, aunque éstas disponen de mayor margen de actuación. La Junta tiene que asumir, en los próximos ejercicios, casi 2.000 millones en concepto de devolución al Ejecutivo central por un error presupuestario a la hora de fijar las estimaciones sobre la participación en la cesión de impuestos.