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La Ley de Cajas de la Junta incide en la incompatibilidad de intereses económicos

El Consejo de Gobierno aprueba hoy el decreto de trasposición de la normativa nacional, que elimina los cargos electos y reduce al 40% la presencia de representantes públicos

Tomás Villanueva presenta hoy al Consejo de Gobierno el decreto de trasposición de la Lorca.

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León

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La Ley de Cajas de Castilla y León acotará de forma más precisa que la norma nacional la incompatibilidad para ocupar cargos en el consejo de administración y los órganos de decisión de las entidades para aquellas personas que tengan intereses económicos que puedan suponer un riesgo para las cuentas de la caja. Es uno de los puntos en el que se traduce la trasposición de reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (Lorca) a la ley autonómica sobre las entidades, a través de un decreto que hoy será presentado al Consejo de Gobierno de Castilla y León por el vicepresidente y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva.

El Consejo de Gobierno no tratará, sin embargo, la autorización del proceso de fusión entre Caja España y Caja Duero, que espera el visto bueno de la Junta para seguir avanzando y que sin embargo sigue enredado en la disputa por la presidenccia.

El vicepresidente económico de la Junta y el consejero de Interior y Justicia y secretario general autonómico del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, se reunieron ayer en Valladolid con los presidentes provinciales del partido para explicarles en detalle el alcance de la aplicación de la reforma aprobada por el Gobierno el pasado mes de julio. Un encuentro en el que no se debatió la polémica sobre la figura del presidente de la entidad que surja de la fusión de Caja España y Caja Duero.

Líneas maestras. Las líneas maestras del cambio de normativa inciden en la despolitización de las cajas de ahorro y en la profesionalización de la gestión de las entidades. Así, se rechaza la presencia de cargos electos en los órganos de gobierno de las entidades financieras. Sobre todo, la norma autonómica matiza y acota la incompatibilidad de ocupar cargos de responsabilidad en las cajas de Castilla y León con la existencia de intereses económicos por parte de esos cargos que puedan poner en riesgo su gestión o la solvencia de la caja. Una novedad en la normativa sobre las cajas de ahorro que ha afectado directamente al presidente de Caja España, Santos Llamas, que tiene un importante volumen de créditos por sus actividades inmobiliarias negociados con la entidad que preside.

Entre las principales novedades de la Ley de Cajas de Castilla y León, el decreto que hoy presentará Villanueva fija la reducción del 50% actual a un máximo del 40% en la presencia de representantes públicos en los órganos de gestión de las cajas; y que ese 10% de diferencia se traslade a los consejeros que ostentará el grupo de las entidades de interés general.

La Junta ha apurado el mes de agosto para perfilar el decreto de trasposición de la nueva norma nacional, de forma que en un plazo de no más de dos meses la ley autonómica cumplimente su tramitación en las Cortes de Castilla y León.

El objetivo último es que el próximo mes de marzo, una vez concluido el periodo electoral, las cajas de ahorro de la comunidad puedan afrontar la renovación de todos sus consejeros. Los grupos de impositores, empleados, entidades de interés general y entidades fundadoras han retrasado su renovación como consecuencia de los procesos de fusión y formalización de SIP.

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