Herrera reconoce tener «incertidumbres» sobre el proceso de fusión de las cajas
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, afirmó ayer que antes de que expire la fecha límite establecida para la autorización del proceso de fusión de Caja España y Caja Duero, el Consejo de Gobierno habrá dado el visto bueno al mismo. Herrera destacó que el ejecutivo autonómico trabaja en la transposición de la normativa estatal para adaptar la ley autonómica a las nuevas exigencias establecidas por el Gobierno a nivel nacional; y también está volcada en el examen y autorización responsable del expediente relacionado con la fusión.
El jefe del ejecutivo recordó en declaraciones a los periodistas que hay «fecha límite para una autorización que está regulada, que tiene un trámite y un procedimiento». El presidente insistió en que la aprobación de la fusión entre las dos grandes entidades de la comunidad se ha visto afectada por el hecho de que, durante dicha tramitación, «el Gobierno aprobase un Decreto Ley que modificó aspectos muy sustanciales del régimen de las cajas y que, posteriormente, fue convalidado como la nueva Ley de Cajas con el Parlamento de la nación».
Herrera, quien realizó estas declaraciones antes de visitar la primera fase de la ampliación del Hospital de Benavente, recalcó que «estamos hablando de un asunto planteado al debate de las entidades desde hace dos años» e insistió en que no se podrá achacar a la administración autonómica ni a los grupos políticos de la comunidad autónoma el retraso «del sometimiento a un procedimiento administrativo que tiene un determinado plazo».
Incertidumbre y decisiones voluntarias. Finalmente, el presidente de la Junta reconoció tener «incertidumbre» respecto al proceso de fusión de las entidades de ahorro de la comunidad, sin mencionar en ningún momento el nombre de alguna de ellas; ni la fusión entre Caja España y Caja Duero ni los SIP en los que hay otras involucradas.
Herrera añadió además que «no será a este gobierno ni a este presidente, o a las fuerzas políticas de Castilla y León, al que se le tenga que reprochar este retraso en lo que tenían que haber sido decisiones voluntarias de las entidades».