«Al alcalde de León le importan los intereses personales, no el proyecto»

La moratoria impuesta por los órganos de Caja España y Caja Duero que otorga un plazo de dos años para que sus nuevos responsables cumplan con lo establecido por la Ley de Cajas del Gobierno central y con las restricciones, aún más duras, expuestas en el Decreto de la Junta de Castilla y León, no será agotada al máximo, al menos eso es lo que espera el Gobienro autonómico.

Precisamente ese transposición contempla como excepción los dos años propuestos por ambas entidades. De hecho, José Antonio de Santiago Juárez explicó ayer que «creían» que ese trámite se cumpliría antes, «aunque no está en nuestras manos», aclaró el portavoz de la Junta, que confirmó además la inminente reunión entre los representantes de todas las entidades financieras de la comunidad con el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, para aclarar algunos puntos de la nueva normativa a la que se tienen que adaptar.

En defensa del decreto. Respecto a las declaraciones del alcalde de León en las que aseguraba que el nuevo presidente de la caja fusionada «debía ser un leonés», De Santiago Juárez recomendó al regidor «que se informe bien», ya que el nuevo decreto nada especifica sobre este asunto. Es más, el portavoz de la Junta recordó que el texto insiste en «la profesionalización de las entidades y la descarga política de sus órganos de gobierno».