Llamas encarga un informe a KPMG para saber si puede ser presidente
El mandatario prescinde de los servicios jurídicos de la entidad en el intento de descifrar la aplicación de la ley en el proceso constituyente de la nueva caja
Llamas, en un acto al que asistió como presidente de Caja España, en una imagen de archivo.
La convocatoria del consejo de administración constituyente de la caja que resulta de la fusión de España y Duero depende del dictamen que emita la consultora KPMG. El presidente de Caja España, Santos Llamas, ha solicitado un informe jurídico a esta agencia para que le detalle cómo aplicar la Ley de Cajas, y sobre todo, el decreto de la Junta de Castilla y León que desarrolla esta normativa en el culmen del proceso de unión de las dos entidades financiera.
La asesoría externa a la que ha recurrido el presidente de Caja España es la misma que determinó el guión que siguió la caja para iniciar los términos de la fusión.
La externalización de la consulta se produce a pesar de que la propia entidad financiera leonesa cuenta con un departamento jurídico, formado entre otras funciones para casos como del que se preocupa al máximo responsable de la entidad financiera. El encargo de Llamas a KPMG se produjo el pasado jueves, después de que los servicios jurídicos de Caja España mantuvieran una reunión con la Junta de Castilla y León con el fin de delimitar la aplicación de la ley de cajas en la constitución de la nueva entidad financiera nacida de la fusión que aprobó el gobierno regional hace cuatro días. La petición del presidente de la Caja se refiere a solucionar cuestiones imprecisas: quién debe convocar el consejo y si le corresponde ese trámite al propio presidente, cómo se debe hacer, dentro de qué plazos y cuándo ha de fijarse, siempre con la nueva ley de caja de guía.
La solicitud del informe se tramitó a través de la secretaria del consejo de administración de Caja España.
Se da la coincidencia de que Lucas Hernández, director general de Caja Duero, ya había pedido un informe de esta naturaleza semanas antes; aunque en este caso, la consulta se les encargó a los servicios jurídicos de la entidad salmantina.