Junta y agentes sociales discrepan por los servicios mínimos
Los sindicatos CC.OO. y UGT denunciaron ayer que los servicios mínimos establecidos por la Junta son «abusivos» porque con ellos se «cercena y anula» el derecho a la huelga. Así lo señaló el miembro del Comité de Huelga y secretario de Acción Sindical de CC.OO., Vicente Andrés, quien criticó que el Gobierno autonómico no haya abierto ningún tipo de negociación para llegar a un acuerdo con los sindicatos.
Andrés recordó que un paro general es «para molestar y para alterar la vida normal» y con estos servicios mínimos «no habrá huelga».
Por su parte, el miembro del Comité de Huelga y secretario de Acción Sindical de UGT, Modesto Chantre, coincidió al señalar que son «claramente abusivos, atentan contra un derecho constitucional y son limitativos en exceso», por lo que pidió una rectificación por parte de la Consejería de Administración Autonómica, con la esperanza de que se ajusten a derecho y respeten las movilizaciones.
Según explicó, con los servicios mínimos puestos por la Junta se dan situaciones «kafkianas», puesto que existen algunos que son incluso superiores a los de una jornada normal.
Vicente Andrés aseguró que no se consideran servicios esenciales la limpieza en los hospitales pero sí «la de los despachos de la Presidencia de la Junta» o la jardinería, entre otros.
«No es la mejor solución». Respecto a esto, la consejera responsable del área, Isabel Alonso, aseguró ayer que la Administración respeta el derecho a la huelga aunque entiende que «no es la mejor solución». Los servicios mínimos los revelarán hoy en el Consejo de Gobierno y adelanta que darán «total garantía a los ciudadanos»,
En todo caso, señaló que no se fijará un sistema «abusivo», en contra de lo manifestado por las organizaciones sindicales. «Tenemos la obligación de respetar el derecho a la huelga pero también garantizar los servicios mínimos esenciales para los ciudadanos», dijo, para añadir que entiende la convocatoria por las medidas que está adoptando el Gobierno central pero consideró que «no es la solución».
La consejera no se atrevió a cifrar el seguimiento de la protesta en la Administración autonómica, pero recordó que la última experiencia de huelga en el sector público arrojó un porcentaje de seguimiento cercano al cinco por ciento.