El consistorio desoye la petición del Común para que tramite las quejas

El Ayuntamiento de León ha notificado al Procurador del Común que no ve adecuado seguir la resolución dictada esta primavera. Un dictamen en la que exhortaba a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic) a que «proceda a tramitar todas y cada una de las denuncias de consumo formuladas por particulares, examinando exhaustivamente los hechos en ellas expuestos, actuando como si la empresa denunciada no tuviera capital público alguno, valorando la posible concurrencia de infracciones de consumo y sancionando, en su caso, a Serfunle si hubiera incurrido en alguna de las infracciones de consumo legalmente tipificadas».

La contestación del Ayuntamiento de la capital leonesa -”que es el responsable de la Omic y a su vez forma parte de la mancomunidad de servicios funerarios junto a Villaquilambre y San Andrés, que suma un 511% del accionariado de la empresa mixta-” obliga a los ciudadanos que presenten sus reclamaciones a acudir a la vía Contencioso-Administrativa, con «el consiguiente coste económico», como apunta Javier Amoedo Conde en su resolución.

El Procurador del Común advirtió en su resolución, elevada después de almacenar medio centenar de expedientes en la Omic, que «los supuestos errores se repiten en la mayoría de las reclamaciones». Entre estos desfases repetidos en varios de los expedientes, Javier Amoedo Conde señala el cobro de 34,80, en vez de 3,48 por el certificado médico, y subraya que es «al menos chocante» que en los supuestos a los que ha tenido acceso «se facturan, al parecer, las arcas o féretros más caros», así como que «se gire la factura por el uso del coche fúnebre más caro, cuando consta que sólo hay uno de estas características».