Un retraso que resulta de la judicialización del decreto del carbón por las eléctricas

La norma que regula el uso del carbón como fuente energética resulta de obligado cumplimiento por su amplitud y el visado de la UE. Pero está atrapada pendiente de resoluciones de las demandas de las eléctricas. Es la vía elegida por las empresas energéticas, a sabiendas de que están obligadas a cumplirla.

Las primeras resoluciones se pueden despejar esta misma semana, en la Audiencia Nacional, que tiene previsto dictar sobre la petición de las empresas eléctricas de aplicar medidas cautelares sobre la aplicación del decreto del carbón en tanto no se resuelva el recurso que han interpuesto las compañías ante el Tribunal Supremo. El baile judicial ha trastocado aquellas previsiones y promesas efectuadas desde el Gobierno de la aplicación inmediata de la nueva normativa. Un mes después de que el texto superar todos los trámites administrativos, la letra es aún papel mojado, y no aporta soluciones a la situación de gravedad económica que arrastra el sector empresarial minero, ahogado tras varios meses sin ingresos, facturación y ventas de mineral. El Ministerio de Industria publicita ahora la creación de una comisión de seguimiento para la aplicación del plan del carbón, que entra dentro de la lista de acuerdos que certificó el mes de septiembre con los sindicatos, en pleno bullicio social y cadena de encierros que se sucedieron debido a la amenaza de cierre para el sector minero. Esa comisión se constituirá a todos los efectos a mediados del mes de noviembre con la intención de normalizar las relaciones entre los sectores afectados