Industria trabaja en fijar «un horizonte más lejano» para el cierre de las minas
Patronal y sindicatos insisten en exigir una nueva fase del almacén temporal
Sindicatos y patronal reclaman que las futuras ayudas no vayan ligadas al cierre.
El Ministerio de Industria insiste en su compromiso público de defender «sin titubeos» el sector autóctono de la minería del carbón ante las instituciones europeas, y trabaja para que el futuro reglamento del carbón (que concluye el mes que viene y cuyo futuro se debate ahora) fije como fecha de cierre de las minas de carbón un horizonte «más lejano» que los propuestos por las distintas instituciones europeas.
Es el argumento en el que insisten fuentes ministeriales, después de que los sindicatos calificaran de decepcionante el encuentro que mantuvieron el martes en Madrid con el director general de Política Energética y Minas, Antonio Hernández. Tanto la parte social como la patronal insisten en exigir como medida de urgencia que se reactive la recepción de carbón por parte del Almacén Estratégico Temporal de Hunosa, algo a lo que los responsables gubernamentales no han dado respuesta y que depende en último término de la decisión de la vicepresidenta económica, Elena Salgado.
Fuentes del ministerio insisten en que el encuentro del martes, la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Reglamento del Carbón, tuvo sobre todo un contenido informativo, sobre los avances que se han producido hasta el momento, las fechas que se barajan para debatir y aprobar el nuevo reglamento y las gestiones que desde el Gobierno de España se están realizando para que el nuevo marco normativo sea lo menos perjudicial posible para las minas locales.
Por parte de los sindicatos se insiste en fijar un marco de ayudas a más largo plazo que el dado por Europa (aún sin fijar, pero que no parece que sea más allá del 2018). Pero, sobre todo, insisten en la necesidad de evitar que las ayudas estén ligadas al cierre de las explotaciones en estas fechas.
Los responsables de Industria reiteraron la oposición que han mostrado las autoridades españolas desde que la Comisión Europea presentó su propuesta, que limitaba las ayudas del nuevo reglamento al año 2014, y siempre ligadas al cierre para aquellas explotaciones no rentables (todas las españolas lo son).
La pasada semana el Parlamento Europeo amplió esta propuesta al año 2018. Industria informó ayer a los sindicatos que, según las noticias de última hora, la decisión sobre el nuevo reglamento no dependerá del Consejo de la Competitividad, como estaba previsto, que debía celebrarse a mediados de diciembre.
El nuevo calendario para por que el futuro reglamento sea tratado por el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), en cuya última reunión se decidió prolongar en cuatro años el plazo de las ayudas que había fijado inicialmente la Comisión Europea.
Será después el Consejo Europeo el que decida. Antes debe escuchar la opinión y conocer la votación del Parlamento Europeo, que debatirá las ayudas el próximo lunes. Sin embargo, esa decisión no es vinculante para la que finalmente adopte el Consejo Europeo.